La mitad de la eólica gallega deberá parar para repotenciar en los próximos años

Galicia ha aprobado este martes, junto a los presupuestos de la Xunta para 2025, la normativa que puso el pasado lunes en pié de guerra a las patronales de las eólicas –AEE–, las eléctricas –Aelec– y los productores de renovables –APPA–. Las cuentas para el próximo ejercicio de la comunidad autónoma han llevado como normativa de acompañamiento medidas fiscales y administrativas entre las que se encuentran la obligación a repotenciar a los parques eólicos de más de 25 años y las facilidades a empresas que firmen acuerdos de compreventa de energía –PPA, por sus siglas en inglés– con empresas gallegas.

Según los cálculos del sector eólico, esto obligará a casi la mitad (el 45%) de la potencia eólica en funcionamiento en Galicia, unos 2.007 megavatios (MW), a parar en los próximos años para repotenciar –la sustitución de antiguos aerogeneradores por otros más nuevos y potentes–. Estos activos, 2.888 molinos concentrados en 86 parques, tienen más de 20 y 25 años, por lo que en un plazo de 10 años podrán verse afectados por la nueva normativa.

Con la nueva regulación, las actuaciones de repotenciación serán obligatorias para parques eólicos existentes que hayan alcanzado 25 años desde su puesta en funcionamiento. Este plazo puede extenderse hasta un límite de 30 años si la vida útil de los aerogeneradores, según los proyectos originales, supera los 25 años.

PPAs gallegos

Por otro lado, el documento establece que las solicitudes de autorización para parques eólicos en áreas ya ocupadas no serán admitidas, salvo excepciones. Una de estas excepciones es si las promotoras asumen el compromiso de formalizar contratos de suministro de energía (PPA).

Este PPA debe surtir de, al menos, el 50% de la energía producida a consumidores locales o industriales dentro del área de influencia de los proyectos o, en su defecto, dentro de Galicia. El plazo mínimo de duración del contrato será de cinco años.

En pié de guerra

Sobre estos asuntos, las asociaciones energéticas han recalcado que los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años "funcionan con absolutas garantías". "De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años. Los operadores de los parques deben tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación", indicaron las patronales en su comunicado conjunto.

Por otro lado, en lo referido a la obligación a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad autónoma, las tres asociaciones han denunciado que es una medida "contraria a Derecho". "Las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo", comentan.

La Xunta también ha lanzado un capote a las renovables gallegas, que suman 2.600 megavatios (MW) en proyectos paralizados en los juzgados. El documento regula la retramitación voluntaria de parques eólicos e infraestructuras de evacuación que se encuentren bloqueados o hayan tenido dificultades administrativas. Los promotores pueden optar por una nueva tramitación conjunta de las autorizaciones administrativas previas y de construcción, independientemente del estado actual de dichas autorizaciones.

Presupuestos

Los presupuestos de la Xunta para 2025, que ascienden a 13.954 millones de euros, se aprobaron ayer en el pleno del Parlamento gallego con los únicos votos a favor del PP, después de no incorporar ni una de las 1.195 enmiendas parciales que llegaron a este último debate en la Cámara autonómica.

El PP de Galicia ha aprobado en solitario dicho reglamento, lo que ha llevado a la oposición a cargar contra lo que tacha de "abusiva" modificación de cerca de 50 normas después de incluir los populares una "autoenmienda de 128 páginas" durante la tramitación, según denunció la diputada del BNG Olalla Rodil.