Las petroleras paralizarán sus proyectos industriales al prorrogarse el 'impuestazo'

El Gobierno se prepara para aprobar, previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros, el Real Decreto que convertirá en permanentes los gravámenes temporales a las energéticas y la banca.

Con esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de mantener el apoyo de Sumar, sus socios del Gobierno, con los que pactó prolongar la medida, que ya no cuenta con el beneplácito de Bruselas e incumple la promesa hecha cuando entró en vigor, de que sería temporal.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que los gravámenes han servido para cubrir el llamado "escudo social", que poco a poco se está ya desmontando con la retirada progresiva de las medidas de ayuda. El Ejecutivo ingresó cerca de 2.400 millones de las principales energéticas tras su entrada en vigor entre 2023 y 2024, un pago que se liquida a año vencido.

Su prórroga supondrá un revés para los proyectos industriales de las principales petroleras ubicadas en nuestro país, Repsol, Cepsa y BP. Repsol, fue la que más abonó, cerca de 800 millones en los dos últimos años, mientras que Cepsa cerró 2023 con pérdidas de 233 millones debido al impacto sobre sus ingresos.

La prórroga supondrá un duro golpe para las refinerías de estas petroleras, repartidas por todo el país: Tarragona, Bilbao, Huelva, Castellón, Cartagena, Puerto Llano y La Coruña. Los directivos advierten, tanto en público como en privado al Gobierno, que se verán obligadas a paralizar sus planes de reindustrialización de estas instalaciones.

El gravamen se aprobó para los años 2022 y 2023 a raíz de la crisis de precios energéticos que derivó de la guerra de Ucrania. El contexto ha cambiado notablemente. En el momento álgido de la crisis de precios, la gasolina y el diésel subieron por encima de los dos euros el litro, frente a un precio actual de 1,5 euros/litro de la gasolina y de 1,38 euros/litro en el gasoil, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE.

Por otro lado, la luz también llegó a alcanzar un pico histórico de 544,98 euros/MWh en el mercado, mientras que el precio medio de hoy se ha situado en los 80,18 euros/MWh. Además del contexto de precios más suave, las energéticas critican el diseño del impuesto, ya que no grava el beneficio sino los ingresos por ventas energéticas de las empresas. Con la estructura actual, las energéticas con una facturación superior a 1.000 millones al año pagan el 1,2% de sus ventas.

El cambio de contexto hacía a muchos analistas y a algunos de los principales directivos del sector pensar que el gravamen se extinguiría este año. Es el caso de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, quien aseguró que esta medida no se iba a prorrogar, según indicó durante la conferencia con analistas posterior a la presentación de resultados semestrales del grupo.

Algo similar pensaba el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que apuntó ya en noviembre del año pasado que el Gobierno sabe que serán necesarias inversiones muy importantes para la descarbonización y, por ese motivo, el impuesto a los ingresos a las energéticas y la banca no se mantendría. "Estamos alineados con la política energética del Gobierno, pero necesitamos tener caja", alertó.

Además, las quejas sobre el llamado impuestazo son unánimes. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, cargó el pasado 24 de febrero en su contra sobre las ganancias de las energéticas, ya que considera que mantenerlo "no tiene ningún sentido" y criticó también el gran volumen de impuestos que existen en España.

Consumidores vulnerables

El paso adelante del Gobierno para mantener el impuestazo coincide con el planteamiento de un nuevo paquete de ayudas directas a los consumidores vulnerables de energía que el Ministerio de Transición Ecológica ha comenzado ya a preparar. El departamento de la todavía vicepresidenta, Teresa Ribera, ha sometido ya a consulta pública el proyecto de Real Decreto regulador de la concesión de una subvención directa para la mejora de la protección de los derechos de los consumidores vulnerables en el ámbito de la transición energética.

Con esta medida, el Ejecutivo quiere a su vez suavizar el impacto que tendrá en el recibo de la luz la normalización de los peajes eléctricos –parte de dicho escudo social– a partir de enero. La prolongación de estos gravámenes, no obstante, no ha contado con el respaldo total del Gobierno. La vicepresidenta Ribera se mostró dispuesta a la desaparición de estos gravámenes hace unos meses tras la petición de Bruselas de que retirar las medidas intervencionistas en el mercado energético.

Repsol mueve inversiones a Portugal

Repsol ha cumplido su promesa de mover inversiones a otros países por el impuesto extraordinario a la banca y las energéticas. La firma multienergética elige a Sines (Portugal) para la inversión del primero de los varios proyectos de hidrógeno verde para el que estaban buscando ubicación. El desembolso no es uno de los mayores previstos por parte de la petrolera en esta tecnología, ya que el destino será un electrolizador de 4 MW de consumo y de 600 toneladas anuales de producción de hidrógeno que requerirá un gasto de cerca de 15 millones de euros.