Energía
España desatasca inversiones valoradas en 35.000 millones para renovables
- La potencia en tramitación permitirá cumplir holgadamente los objetivos del PNIEC a 2030
- La Administración ha sido capaz de tramitar en un año un total de 1.351 permisos para 46.714MW
- Alrededor de 20.000 MW pueden haber abandonado la tramitación
Rubén Esteller
España se prepara para dar un importante salto en la instalación de energía renovables en los próximos cinco años. En solo un ejercicio, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como las Comunidades Autónomas han sido capaces de tramitar un total de 1.351 permisos que pueden suponer la instalación de alrededor de 46.714 MW de nueva capacidad, tal y como desvela Alter5, una plataforma especializada en la financiación de renovables.
Esta cantidad implicará una inversión en nuestro país cercana a los 35.000 millones de euros y la instalación de una potencia que, en el caso de funcionar el 100% de las horas, permitiría cubrir de sobra todo el consumo nacional.
El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) prevé la instalación de 33.640 MW hasta 2030, con lo que la potencia que está ahora mismo en fase final de tramitación permitirá cubrir sobradamente el objetivo previsto por el Gobierno.
Este próximo 25 de julio vence el hito que dió el Ejecutivo para lograr la Autorización Administrativa de Construcción a los promotores. Según los cálculos de Alter5, un total de 20.707 MW ya han alcanzado este hito.
Este hecho supone que de los cerca de 68.000 MW que se estaban tramitando, cerca de 20.000 MW podrían haber desistido durante el proceso desatado por el Real decreto-ley 23/2020 que impuso una serie de hitos a cumplir para evitar la especulación en el sector.
Miguel Solana, socio fundador de Alter5, indicó a elEconomista.es que "Hemos observado un significativo aumento en la aprobación de Autorizaciones Administrativas Previas y de Construcción (AAP y AAC) en el primer semestre de 2024. Es una buena noticia para el sector y para nosotros como compañía, dada nuestra especialización en la financiación de la construcción de proyectos renovables".
Las exigencias de la norma fueron tan fuertes que Transición Ecológica ha tenido que dar varias prórrogas para evitar una catástrofe que se avecinaba en el sector por los hitos marcados en el Real Decreto-ley 23/2020.El departamento que encabeza Teresa Ribera otorgó el 28 de diciembre una ampliación de 36 meses para la consecución de la Autorización Administrativa de explotación y de 6 meses para la autorización de construcción (los que vencen ahora), lo que suponía un balón de oxígeno para el sector.
En esos momentos había 68 GW en tramitación y, de esta cantidad, un total de 43 GW contaban con una fase similar de desarrollo e idénticos plazos (80% fotovoltaica y 20% eólico).Con la medida adoptada, los promotores podían prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; sólo tendrían que indicar el semestre en que esperaban la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. Además, esta prórroga posibilita la graduación voluntaria de los proyectos, permitiendo que se desarrolle la cadena de valor y atrayendo nuevas inversiones.
El problema ahora se trasladará a la captura de precios por parte de las renovables y la capacidad para financiar toda esta inversión. Las eléctricas se enfrentan a un precipicio en el precio de la electricidad que ha comenzado a sentirse ya este año pero que puede empeorar a partir de 2026 si no se toman medidas con rapidez.
Un estudio elaborado por S&P Global Ratings (Europe's utilities face a power cliff from 2026) explica que es muy probable que a partir de ese año los precios bajen de forma drástica por el crecimiento de la energía eólica y fotovoltaica en los principales países europeos (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido).
El aumento resultante en la producción renovable probablemente superará la demanda de electricidad, que se espera que crezca anualmente en un solo dígito, y diluirá la influencia del gas natural en el alto coste de los precios de la electricidad que se seguirán registrando hasta 2025.
En opinión de S&P, los precios se mantendrán elevados hasta 2025 por una combinación de elementos como el coste del gas, la eliminación progresiva de la generación con carbón, el cierre de centrales nucleares (sobre todo en España y el Reino Unido), y las luchas de Francia para aumentar su producción nuclear pero, a partir, de ahí la caída puede ser drástica. Otro de los problemas a soluciones será el incremento de los vertidos de energía renovable en los próximos años.