Las sequías afectarán a más de tres cuartas partes de la población en 2050

Las sequías se presentan como uno de los principales problemas a los que hacer frente, hasta tal punto que la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) no ha dudado en afirmar que se trata de "una emergencia sin precedentes a escala planetaria" y que su impacto apenas está empezando a manifestarse. Y los datos avalan el alarmismo, los periodos de sequía han aumentado un 29% desde el año 2000.

Las previsiones, de hecho, apuntan a que las sequías podrían afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial en 2050 si no se toman medidas urgentes. En la actualidad, hasta un 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, lo que afecta directamente a la mitad de la población mundial.

Más a corto plazo, Naciones Unidas estima que para el año 2030 habrá cerca de 700 millones de personas en riesgo de ser desplazadas por la sequía.

España, por sus características, es uno de los países europeos más afectados por estos episodios. De hecho, es, junto a Grecia, el territorio con mayor estrés hídrico de Europa. Tanto, que Greenpeace denuncia que el 75% de la superficie española está en riesgo de desertificación. El pasado mes de marzo había en España cerca de 12 millones de personas que sufrían algún tipo de restricción en el uso del agua. Esto es consecuencia no solo de la falta de precipitaciones. Greenpeace explica que el país ha superado el umbral sostenible de consumo de agua.

Pérdidas millonarias

Las consecuencias más visibles de esta situación son las restricciones a las que se ha tenido que someter la población. Cataluña, por ejemplo, declaró el estado de emergencia por sequía el pasado mes de febrero, situación que ya ha dejado atrás, lo que significó limitar el consumo a 200 litros por habitante y día, la prohibición de regar jardines o llenar piscinas. Sin embargo, hay otras consecuencias menos visibles.

La sequía que registró España en 2023 provocó pérdidas económicas de, aproximadamente, 5.500 millones de euros, según datos de un estudio elaborado por la consultora y corredora de seguros Aon. Los efectos económicos más obvios se ven reflejados sobre las actividades agrícolas y ganaderas. Esto se traduce, por ejemplo, en la reducción de la producción de aceitunas, frutas y productos de la huerta.

Esto acaba derivando en un importante incremento de los precios finales que llegan a los consumidores. Tanto, que una sequía severa podría incrementar la inflación en 1,5 puntos, afectando de manera significativa a sectores como la construcción, las industrias extractivas, la pesca y el transporte. Esto ya ha tenido reflejo en el precio del aceite. Según datos de Facua, el precio del aceite se encareció de media en 2023 un 69,3% después de registrarse uno de los años cálidos y secos desde que se tienen datos.

A nivel mundial, la Convención de las Nacionales Unidas de Lucha contra la Desertificación alerta de que esta situación pone en peligro, aproximadamente, la mitad del PIB mundial, 44 billones de dólares. A esto hay que sumarle que las sequías causaron pérdidas económicas en todo el mundo en torno a los 124.000 millones de dólares entre 1998 y 2007.

A estas pérdidas hay que añadirle que este tipo de fenómenos está encareciendo las pólizas de los seguros, que en el último trienio se han incrementado un 27% pasando de unas primas de 797,8 millones de euros en 2020 a 1.011 millones el año pasado, según los datos del último informe de Agroseguro. Tan solo en 2023 la subida es del 16%.

Ayudas para paliar los efectos

Para intentar paliar estas pérdidas millonarias, el Gobierno está llevando a cabo acciones e inversiones constantes en todas las cuencas hidrográficas, que suman 12.000 millones de euros, destinados a impulsar la desalación y reutilización del agua, así como a mejorar las infraestructuras.

A esta dotación se suman 3.060 millones del PERTE de digitalización del ciclo del agua y 2.130 millones para la modernización de regadíos, con el fin de reducir fugas y pérdidas.

Además, el pasado mes de febrero el Ejecutivo lanzó un paquete de ayudas de casi 270 millones de euros destinado a más de 139.000 agricultores de explotaciones agrícolas productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria para compensar las dificultades debidas a la sequía.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está revisando los Planes Especiales de Sequía aprobados en el año 2018 para facilitar su gestión. A su juicio, la aplicación de estos planes ha sido "particularmente importantes este año, facilitando la garantía de abastecimiento para toda la población, minimizando el impacto de la sequía en los sectores productivos, lo que no significa que no haya impactos, sino que se minimizan y se garantiza el mantenimiento de los ecosistemas".