Hasta el 30% de los traslados de residuos que se realizan en la UE podrían ser ilegales

Tras haber realizado varias advertencias y numerosos requerimientos, la Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir los requisitos de dos normativas comunitarias en materia medioambiental: la Directiva marco sobre Residuos y sobre el Agua. En el primer caso, la acusación del ejecutivo europeo se basa en la "persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008", una circunstancia que "está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana".

Con este procedimiento de infracción sobre el que planea la sombra de una multa millonaria, Europa recuerda a España la necesidad de cumplir con sus obligaciones de control e inspección en relación con el vertido de residuos. Pero, más allá, este nuevo aviso deja traslucir la obligación de todos los países miembros de tratar bajo criterios de sostenibilidad y circularidad los desechos que produce y también los que recibe.

Crece el comercio internacional de residuos

Desde la entrada en vigor del reglamento sobre el Traslado de Residuos en 2006, el comercio internacional no ha parado de crecer. Las exportaciones de la UE a terceros países han aumentado considerablemente, especialmente fuera de la OCDE, y cada año se transportan entre países miembros unos 70 millones de toneladas de residuos, según datos de la Comisión Europea.

Aunque las normas vigentes limitan la libre circulación de los residuos entre los Estados miembros, el traslado de un país a otro, por cuestiones de rentabilidad, abre la puerta a fallas por las que se pueden colar las malas prácticas: las campañas policiales coordinadas indican que entre el 15% y el 30% de los traslados de residuos podrían ser ilegales, y estudios recientes calculan que los ingresos anuales derivados del mercado ilícito de residuos en la UE oscilan entre 4.000 y 15.000 millones de euros. Señalan también que, a pesar de los daños que causan, los infractores corren poco riesgo de ser detectados y sometidos a juicios y sanciones.

En los últimos años, España se ha convertido en uno de los principales destinos de los residuos no tratados procedentes del sur de Francia. Según estimaciones de las fuerzas de seguridad de ambos países, uno de cada tres camiones interceptados en la frontera con dirección a España transporta residuos ilegales que los grupos organizados trasladan hasta los vertederos de nuestro país -especialmente a los ubicados en Cataluña y Aragón- donde la gestión por tonelada de residuo de origen urbano es hasta 200 euros más barata.

Para evitar este problema, que genera importantes repercusiones tanto en el medio ambiente como en la salud de los ciudadanos, la Comisión Europea se ha propuesto revisar el reglamento sobre Traslados de Residuos y diseñar una nueva normativa que, además de garantizar que la exportación solo tenga lugar cuando existan garantías de que los residuos se gestionan de manera ambientalmente racional, facilite el transporte de residuos para su reciclado o reutilización dentro del territorio comunitario y permita luchar mejor contra los traslados ilícitos. Para ello, se prevé apoyar las acciones transnacionales sobre el tráfico de residuos, crear un grupo de control para mejorar la cooperación y la coordinación contra estas actividades y reforzar las normas vigentes sobre sanciones administrativas.

La propuesta también incluye importantes cambios en lo relativo a la exportación de residuos de la "lista verde", es decir, aquellos que no son peligrosos, pero cuyo tratamiento puede causar contaminación ambiental importante y dañar la salud pública.

Planes hidrológicos

Más allá de los residuos, el Ejecutivo comunitario también ha denunciado a España por no haber finalizado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca o de sus planes de gestión del riesgo de inundación, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros en enero de 2023

Este hecho incumple la Directiva Marco sobre el Agua y también la Directiva sobre inundaciones, que obliga a los Estados miembros a actualizar ambas planificaciones con el fin de incluir medidas que son "cruciales" para "garantizar el buen estado de todas las masas de agua" y, también exige a los países a que informen al respecto. En febrero del año pasado, Bruselas envió cartas de emplazamiento a 16 estados miembros -entre los que se encontraba España- informando de que se habían detectado deficiencias relacionadas con estas dos normativas, pero a día de hoy el Gobierno "sigue sin cumplir sus obligaciones en virtud de una o ambas Directivas", según recalcan las autoridades europeas.