Facsa denuncia que la inversión en agua es un 50% inferior que en 2010

Facsa, una de las principales compañías del negocio del agua en España, ha llevado a cabo un profundo análisis sobre El modelo de la gestión del agua en España. En dicho informe, al que tuvo acceso elEconomista.es, la compañía destaca como medidas para afrontar la sequía la importancia de revertir la baja inversión en infraestructuras, la reducción de multas por incumplimiento de directivas europeas, y la necesidad de revisar las tarifas para adaptarse a nuevos usos como la producción de hidrógeno verde.

La compañía asegura que la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50% inferiores a los reflejados en el año 2010 y apunta como un posible motivo a que nuestro país cuenta con las tarifas más bajas de la Unión Europea, colocándose en el séptimo lugar por la cola.

La inversión por habitante en España se sitúa solo por encima de Chipre y Eslovenia, mientras que en longitud de red, nuestro país se encuentra sólo por delante de países como Rumanía, Malta y Estonia. Por ello, el informe apunta a la necesidad de generar una estructura tarifaria única, que sea homogénea para todo el territorio nacional y que recoja los costes de operación y amortización de las inversiones.

En esta línea, también propone la revisión del sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación de la ciudadanía y contribuya a una gestión más sostenible del recurso, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.

Para ello, Facsa plantea un nuevo modelo de gestión del agua basado en un decálogo de propuestas que van desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización. Además, pone el foco en un activo necesario para la sociedad en general, como es el fomento de la concienciación y sensibilización sobre el uso correcto del agua.

La administración hidráulica en España involucra a varios ministerios, Confederaciones Hidrográficas, sociedades estatales, y entidades autonómicas en la gestión directa del agua, no siempre adecuadamente coordinados.

La regulación se basa en un marco normativo extenso que abarca permisos de uso, derechos privados, y planes hidrológicos, con participación pública a través de órganos formales y procesos promovidos por organismos de cuenca. El resultado, indica la empresa, es un entramado complejo de regulaciones no siempre bien afinadas.

El mayor porcentaje del consumo corresponde con el sector agrario (80%), seguido del doméstico, con un 15,5%. En el entorno urbano, el estudio detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Mientras que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales se han mantenido estables, con un aumento considerable incluso hasta 2004, las pérdidas han disminuido en el abastecimiento urbano, situándose en el 15,4% en 2020, la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50% inferiores a los reflejados en el año 2010.

España experimenta el tercer mayor estrés hídrico en la Unión Europea, según datos del año 2020, sólo por detras de Malta y Bélgica.