El sector eólico lanza un SOS por la paralización de proyectos en Galicia

Galicia cuenta, actualmente, con 183 parques eólicos con una potencia total instalada de 3.907 MW, lo que supone un 13% del total nacional, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor rendimiento por megawatio instalado. Pese a ello, la instalación de potencia eólica en la región se encuentra paralizada. En los últimos cinco años tan solo se han instalado 510 MW, 28 de ellos en 2022.

Aunque a día de hoy hay autorizados pendientes de construcción y puesta en marcha casi 3.300 MW en la región -2.687,6 MW de la Xunta y unos 600 MW del Estado-, según un estudio reciente elaborado por Deloitte Consulting para la Asociación Eólica de Galicia (EGA), "las paralizaciones judiciales y la presión de muchas plataformas, supuestamente ambientalistas, están poniendo en peligro muchos de estos proyectos y gran parte del desarrollo energético e industrial de Galicia", señala la asociación.

Actualmente hay 58 parques eólicos afectados por recursos judiciales interpuestos, principalmente, por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Ecoloxistas en Acción Galiza y Petón do Lobo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido, de forma cautelar, la ejecución de 8 proyectos: Acival (Norvento); Lagoa II (Engasa); Paxareiras (Tasga); Picato y Campo das Rosas (Naturgy); Campelo, Bustelo y Monte Toural (Greenalia). Tanto Campelo como Bustelo tuvieron cautelares inicialmente, pero este año llegaron sendas sentencias anulatorias emitidas por el TSXG. También se encuentra suspendida la autorización de la repotenciación, ya hecha, del proyecto Corme (EDPR) y, en paralelo, hay 32 proyectos industriales estratégicos cuyo desarrollo dependen de los parques eólicos. Estos planes industriales supondrán una inversión superior a los 6.000 millones de euros, la creación de 14.000 empleos entre directos e indirectos y exigirán un suministro de electricidad de 8 TWh al año.

La generación eólica ha sido un buen negocio para Galicia, ya que ha producido riqueza y empleo: 923 millones de euros de contribución al PIB (1,6%) y una recaudación fiscal directa de más de 100 millones euros, según el informe de Deloitte. Esta situación, recoge el documento, ha tenido su reflejo en el empleo que, si bien, se ha mantenido gracias al efecto arrastre de los distintos desarrollos de eólica marina, se ha reducido considerablemente en el resto de sectores vinculados a la eólica, especialmente en lo que se refiere a fabricación de equipos y otros servicios como transporte, cimentación y obra civil, ya que, al no construir estas áreas, reducen sus contrataciones. Con 5.494 empleos en la actualidad, si se mantuviese un ritmo de instalación de potencia medio en los próximos años de 400-500 MW/anuales, en diez años podrían generarse entre 1.840 y 2.950 nuevos empleos estables. Asimismo, el sector eólico contribuye a mitigar la dependencia energética: en 2022, la generación eólica evitó importar 1,8 millones de tep por un valor de 1.011 millones.

Desde la patronal gallega del sector eólico ven "con enorme preocupación" la situación que se está desencadenando en Galicia con la sucesión de paralizaciones judiciales de proyectos eólicos y reivindica "un pacto social urgente por la energía", en línea con las "apremiantes" necesidades industriales y con las recientes directrices europeas.

La instalación de potencia eólica es una de las principales palancas del desarrollo económico de Galicia, de manera que estas paralizaciones "pueden hacer muchísimo daño a la industria gallega y tener un coste muy elevado para la sociedad", añade EGA, de ahí que propongan "encontrar soluciones y buscar vías que eviten paralizar dichos proyectos".

Este escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica, "no solo genera pérdida de confianza entre los inversores, dificultando la atracción de capital para futuros proyectos renovables en la región dado el efecto de contagio que puede suponer la pérdida de validez de las autorizaciones emitidas por la Administración, también corremos el riesgo de que las empresas que ya están aquí se deslocalicen y vayan a otros territorios donde les sea más barato producir", indica la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Un claro ejemplo es el caso de Alcoa (Mariña lucense), que tiene un consumo eléctrico muy intensivo y, para mantener esos empleos, es fundamental que se desarrollen los proyectos eólicos.

Asimismo, desde el sector creen que la novedosa interpretación que están haciendo los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, "pone en juego no sólo el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia sino también en el resto de España". Además, añaden, "se pone en tela de juicio el proceso que se ha venido llevando a cabo de forma histórica y durante más de 10 años en la fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o de infraestructuras públicas en nuestro país y en Europa".

Otras fuentes del sector consultadas por elEconomista Energía apuntan a que "solo se escucha un relato sesgado y alejado de la realidad, que es el de los ecologistas, casi sin posibilidad de réplica". La realidad -añaden- "es que los proyectos eólicos dejan mucho valor recurrente para el terreno, con una afectación ambiental mínima y perfectamente conforme a la ley ambiental. De otra manera, no se obtendrían permisos de construcción". De ahí que pregunten "¿por qué Adega y sus colectivos afines quieren destrozar una industria que genera prácticamente el 1% del PIB gallego y que aporta creación de valor y riqueza local de manera evidente?" Un parque eólico de unos 30 MW, afirman, "genera en diversos impuestos un valor medio de 150.000 €/año por cada parque de tamaño medio en cada municipio, empleo directo e indirecto, además de energía limpia y competitiva para la industria gallega".

Las mismas fuentes del sector inciden en el hecho de que los proyectos eólicos "cuentan con un apoyo transversal social a todos los niveles y no solo de las patronales eólicas, ya que a los diversos manifiestos se han sumado la FEG (Federación Gallega de Construcción), ASIME (Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia) y los principales sindicatos de Galicia, como CCOO Industria Galicia y UGT-Fica Galicia, que no son sospechosas, en absoluto, de querer expoliar nada en Galicia". Desde esa perspectiva no entienden "por qué Adega va en contra de una amplísima mayoría social y cómo es posible que el TSXG compre unos argumentos que, desde múltiples perspectivas del sector, nadie comparte y que no es fuente de conflicto en ninguna otra comunidad autónoma".

Eólica sí, pero así no

La otra cara de la moneda la protagonizan las organizaciones ecologistas. En declaraciones a elEconomista Energía, Belén Fernández, secretaria ejecutiva de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), señala que las más de 200 entidades ecologistas, sociales y comunidades afectadas que están detrás del movimiento 'Eólica así no', "nunca hemos estado ni estaremos en contra del desarrollo de proyectos eólicos en Galicia. Lo que demandamos es que el desarrollo de renovables se haga de otra forma". Este modelo eólico, afirma, "está diseñado únicamente para satisfacción de las promotoras de las compañías eléctricas y no para el interés general de la sociedad o la preservación del medio ambiente".

Desde hace dos años, explica Fernández, "están en tramitación más de 300 proyectos eólicos con los que se plantea duplicar e, incluso, triplicar la generación de energía eléctrica procedente de eólica. La última remesa corresponde a unos 90 proyectos con impactos de todo tipo en nuestro territorio".

Por un lado, afirma, "se están impulsando proyectos de forma masiva sin que haya una planificación territorial ordenada, no solo basada en criterios de carácter productivo, sino también en criterios de carácter ambiental, cultural y social, y sin que se cuente con una adecuada participación pública". Además, indica, "la producción de energía renovable no debe depender solo de las grandes multinacionales de la energía, sino que existen otras formas de autoconsumo, como las comunidades energéticas locales, que se deben de promover de manera más intensa, así como el ahorro y la eficiencia energética como parte de este proceso de transición".

Para frenar esta "avalancha" de parques eólicos en los juzgados, Adega ha puesto en marcha 'Puedes detenerlos', una campaña de crowdfunding por cada proyecto que quieren recurrir. Hablamos de un total de 28, de los que 26 ya han superado la cantidad mínima necesaria con la que poder iniciar este tipo de procedimiento. En tan solo seis meses han recaudado más de 180.000 euros gracias al apoyo de más de 2.000 personas. También tienen otras dos campañas en activo. El objetivo es recurrir más de 30 proyectos eólicos hasta final de año.

Respecto a las razones de índole político como principal argumento que esgrime el sector de la situación de freno en el desarrollo de proyectos eólicos en Galicia, la secretaria de Adega comenta que "a nosotros nos ha sorprendido, por un lado, que se esté culpando a los tribunales y a algún juez en particular de la mala gestión de una administración. Hablan de inseguridad jurídica creada por un Tribunal, cuando la inseguridad jurídica la ha creado la administración en el momento en que ha estado, desde el año 2017, modificando continuamente la legislación que se aplica en este terreno".

A este respecto, "creemos que el enfoque que la patronal está dando a los resultados de nuestros recursos es totalmente errado, por cuanto a donde se tendrían que dirigir y reclamar seguridad jurídica sería a las propias administraciones para que las leyes sean claras y no se modifiquen en función de quién esté gobernando y el objetivo sea dar respuesta a un interés general y no a un interés particular o privado de ciertos sectores", apostilla Fernández.

Asimismo, continúa, "consideramos un poco perverso culpar a las organizaciones ecologistas y a los jueces de pérdidas de empleo y de riqueza. Lo que tendrían que hacer es culpar a las administraciones por no disponer de normativas claras y que den seguridad jurídica, y por no atender a intereses generales. Lo que no puede ser es que desde la administración se de barra libre y dejar en manos de la población la defensa del territorio porque es la administración la que tiene que defender el territorio de ciertos proyectos con altos impactos sobre el medio ambiente y la población".

"Nosotros estamos advirtiendo a la administración que no siga en esa línea, porque vamos a seguir recurriendo estos proyectos en los tribunales, y lo que va a pasar es que las promotoras a las que se les han paralizado los proyectos van a requerir indemnizaciones a la administración pública, porque la administración ha aprobado unos proyectos que son ilegales. Y, al final, quienes acabarán pagando esas indemnizaciones serán los ciudadanos", finaliza la representante de Adega.