Energía

España pierde otro arbitraje con Baywa por 22 millones

  • La decisión final del Ciadi se produce en medio de la petición de default de cuatro bonos españoles por impago

Rubén Esteller

España sigue acumulando condenas en los arbitrajes internacionales de renovables a las puertas del viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene planificado esta misma semana a la Casa Blanca.

El Ciadi, dependiente del Banco Mundial, acaba de ratificar la sentencia que impuso en 2021 y ha rechazado la petición de nulidad del Gobierno español.

Esta nueva condena eleva a 22 los procedimientos sobre los que ya no cabe recurso y que han acabado en derrotas de España. El monto total pendiente de resarcir se eleva así a 1.208 millones, cifra a la que se deben sumar los 250 millones de costes legales y financieros derivados de la estrategia de impago de los laudos que está llevando a cabno el Gobierno.

La decisión sobre el arbitrajes de Baywa se suma al de Infracapital, que condena a España a pagar una indemnización por valor de 2 millones.

El Gobierno tendrá qaue afrointar también 480.000 euros por intereses de demora (cifra que irá en aumento si no se produce el pago a corto plazo) y 370.000 euros por la condena en costas.

Esta situación ha desatado un proceso de intervención, incautación y embargo de diversos bienes del Reino de España, en el marco de medidas de protección autorizadas por la justicia de países como Reino Unido o Australia.

Por el momento, el fondo Blasket Renewable Investment ha notificado en tres cartas por escrito al Gobierno -la primera del 7 de marzo- la activación de la llamada cláusula de "default" de cuatro emisiones de bonos. Esto implica que dicho título debe ser reembolsado inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados. Durante estos días, los fondos están notificando la situación a los bancos custodios de las emisiones afectadas por esta reclamación.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha respondido al fondo que la medida adoptada afecta a la imagen del Reino de España en los mercados internacionales y la subdirección general de gestión de deuda ha indicado que no se da por aludida sobre esta petición en respuesta también por escrito al fondo.