Un tribunal europeo abre la puerta a ejecutar los laudos renovables en EEUU

La Corte del Distrito de Ámsterdam acaba de adoptar una decisión que puede suponer un cambio radical para los arbitrajes contra España de los fondos internacionales de energías renovables.

La decisión del juzgado, que permite que se pueda llegar a ejecutar fuera de Europa el cobro de los laudos que ha perdido España, puede obligar a nuestro país a desembolsar más de 986 millones de euros por los más de 50 casos que se han abierto desde el año 2011.

El pasado 15 de marzo, el tribunal holandés consideró que no tenía jurisdicción para impedir que un juzgado estadounidense pueda forzar la ejecución de un laudo dictados por el Banco Mundial al amparo de la Carta de la Energía.

La decisión del juzgado se suma también, tal y como adelantó elEconomista.es, a la medida que recientemente adoptó el Juzgado del Distrito de Columbia, en el caso de NextEra y 9REN por el que consideró que contaba con jurisdicción suficiente para pronunciarse sobre dicha ejecución y además instó a la justicia europea a no bloquear estos procesos con denuncias como las que está imponiendo España en todos los casos resueltos -alrededor de 21- buscando la anulación de los mismos en los tribunales europeos.

Según fuentes jurídicas, ambas decisiones están recurridas por parte del Gobierno español que sigue así tratando de dilatar la ejecución de los mismos y auguran que pueden darse decisiones contradictorias entre jurisdicciones que generan un incremento de la inseguridad jurídica para los inversores internacionales en un momento en el que Europa quiere afrontar un amplio despliegue de renovables.

Batalla legal global

Los fondos iniciaron su batalla legal contra España tanto en Estados Unidos, como en Reino Unido y Australia para tratar de eludir la sentencia sobre el caso Achmea -dictada en 2018- que ponía en jaque el cobro de las indemnizaciones para los inversores intracomunitarios, es decir, prácticamente la mayor parte de los arbitrajes. De hecho, incluso varios fondos han llegado a pedir que se expropie a España la indemnización pendiente de las aseguradores por el hundimiento del Prestige para cobrar las cantidades correspondientes.

Esta situación provocó que muchos inversores se plantearan dar entrada en sus reclamaciones a fondos de capital privado especializados en pleitos, motivo por el cual la oferta de negociación del Gobierno español (que ofreció en 2019 una mayor retribución a las plantas renovables para que abandonaran los arbitrajes) fracasó.

La decisión del tribunal holandés se aplica en este caso al arbitraje presentado por AES Solar pero fuentes jurídicas consideran que se produce una ruptura sobre los intentos de la Comisión Europea de anular los arbitrajes correspondientes a demandas de empresas radicadas en países de la Unión.

El Gobierno ha sido condenado a pagar 986 millones y solo se han resuelto la mitad de casos

La corte holandesa asegura que España al presentar estas medidas para tratar de frenar la ejecución de los laudos ha creado de manera errónea un nuevo foro para afrontar el arbitraje que no se incluye en los términos de la Convención de Nueva York. El tribunal tampoco ve jurisdicción para ver la reclamación amparándose en la normativa holandesa.

Los tribunales arbitrales europeos siguen mayoritariamente rechazando las peticiones en base a las sentencias Achmea, Komstroy y PL Holdings, con la única excepción de la decisión del caso Green Power a mediados del 2022.

La UE intentó renegociar el Tratado de la Carta de la Energía para excluir los arbitrajes intracomunitario pero tras el fracaso de esta negociación se plantea ahora abandonar por completo dicho acuerdo. España, de hecho, ya ha anunciado su abandono.

La Comisión Europea quiere que se eliminen los arbitrajes entre estados de la Unión

La Comisión aboga por una retirada coordinada. Y aunque los tribunales miembros de la UE han anulado laudos intracomunitarios, la medida de Holanda y de Estados Unidos demuestra que los inversores internacionales aún pueden obtener reparación fuera de la UE.

La Comisión Europea dictó en 2019 una serie de recomendaciones a los estados para que no se puedan iniciar nuevos arbitrajes entre empresas de estados miembros. Asimismo, se forzó la retirada de arbitrajes de las empresas que contarán con participaciones estatales y se dejó la puerta abierta a negociar un tratado multilateral de terminación de todos estos arbitrajes.

Según el despacho de abogados Debevoise & Plimpton, esta situación provocará que "los inversores de la UE seguirán gestionando estos riesgos introduciendo una dimensión extracomunitaria en sus inversiones y litigios. Por ejemplo estructurando sus inversiones a través de jurisdicciones extranjeras, celebrando sus arbitrajes fuera de la UE y persiguiendo fuera de la UE".

En abril se votan los cambios del Tratado de la Carta de la Energía

Tras el bloqueo al acuerdo preliminar para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía en el seno de la UE, la Comisión solicitó posponer la votación final de noviembre de 2022 a abril de 2023. En un documento filtrado el pasado mes de febrero, la Comisión expone tres posibles caminos para la UE, Euratom y los gobiernos de la UE (todos signatarios del TCE): una salida coordinada del Tratado; una salida de la UE y Euratom con algunos países que sigan siendo partes de un tratado modernizado; o alcanzar una mayoría suficiente en el Consejo de la UE para votar a favor de la modernización del tratado. El texto deja claro que la primera opción es la más sencilla. La justificación oficial para este abandono es que el Tratado supone una defensa para las inversiones de las petroleras y que lastra la transición energética. Países Bajos, Francia, Eslovenia, Alemania y Luxemburgo se han sumado a esta posición debido a la falta de resultados para alinear el TCE con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.