Las grandes potencias repartirán un billón en subvenciones a la industria

La Inflation Reduction Act, aprobada por Estados Unidos el pasado mes de agosto, ha desatado una carrera entre las principales potencias mundiales para reforzar su autonomía estratégica y reducir así las amenazas a su soberanía nacional que movilizarán más de un billón de euros.

Las grandes potencias mundiales han experimentado de cerca los problemas generados por la pandemia del Covid-19 en las cadenas de suministro globales y quieren reforzar sus capacidades de respuesta ante las fragilidades que han observado en áreas estratégicas como la energía y las telecomunicaciones.

Ambos sectores mantienen en estos momentos una fuerte dependencia de los llamados materiales críticos -necesarios para la fabricación de microchips o de placas solares- y, por ese motivo, los grandes líderes mundiales han iniciado una carrera para recuperar capacidades de producción industriales con una oleada de subvenciones. La intención de los Gobiernos es tratar de recuperar la industria que se había deslocalizado -como en el caso de España con la energía fotovoltaica- o que nunca había llegado a existir por problemas de rentabilidad o de desarrollo tecnológico.

La Ley IRA de la Administración Biden ha generado la mayor reacción internacional vista desde los Acuerdos de París para acelerar la lucha contra el cambio climático pero también una guerra soterrada para hacerse con los limitados recursos minerales que garanticen una cuota de mercado suficiente en las tecnologías clave del futuro.

Concretamente, la Ley americana ha puesto sobre la mesa 370.000 millones de dólares con disposiciones concretas para la fabricación y apoyo a la industria a modo de créditos fiscales para inversiones en proyectos energéticos avanzados, incluidos aquellos que amplíen o establezcan fábricas para la producción de equipos y vehículos de energía limpia en el país.

En el caso de los vehículos cero emisiones, la Ley ofrece créditos a las familias que adquieran un vehículo limpio siempre que un porcentaje mínimo de minerales críticos se haya extraído o procesado en EEUU o en un país con el que se tenga un acuerdo de libre comercio, así como un crédito fiscal adicional para los vehículos que cumplan con el requisito de que un porcentaje mínimo de los componentes de sus baterías se fabriquen o ensamblen en Norteamérica.

Asimismo, el sistema resulta muy sencillo de aplicación porque va directamente vinculado a los ahorros de emisiones.

China lidera con gran diferencia la producción de tecnología fotovoltaica

La preocupación por los efectos colaterales negativos que la IRA pueda tener para la economía europea, ha provocado que la Comisión haya creado un grupo de trabajo con la Administración Biden para analizar el impacto y las consecuencias de la normativa para las empresas comunitarias, al considerar como discriminatorios ciertos aspectos de la legislación, además de para destacar la importancia de mantener una cooperación transatlántica a nivel económico y geoestratégico.

Bruselas ha puesto en marcha un sistema de control de ayudas estatales para evitar que las empresas que se beneficien de estas ayudas puedan luego lanzar operaciones de compra en Europa, pero busca fórmulas también para mantener los canales abiertos con Estados Unidos de modo que se puedan conseguir avances rápidos y frenar conjuntamente el papel absolutamente protagonista con el que ha logrado hacerse China.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, la producción de minerales críticos está muy concentrada geográficamente, lo que suscita preocupación sobre la seguridad de los suministros. La República Democrática del Congo suministra el 70% del cobalto; China, el 60% de los elementos de tierras raras (ETR); e Indonesia, el 40% del níquel. Australia representa el 55% de la extracción de litio y Chile el 25%.

El procesamiento de estos minerales también está muy concentrado. China es responsable del refinado del 90% de los ETR y del 60%-70% del litio y el cobalto.

China también domina el suministro de materiales a granel, con cerca de la mitad de la producción mundial de acero bruto, cemento y aluminio.

La situación, por lo tanto, resulta los suficientemente retadora como para que la Comisión Europea lance su propia estrategia para garantizar el acceso a los minerales críticos en una ambición por reducir las emisiones de CO2 que se ha visto acelerada por la invasión de Ucrania y la posterior pérdida de acceso al gas barato de Rusia.

Además de la respuesta de EEUU y la Unión Europea, otros grandes países como Japón han puesto sobre la mesa un paquete de 140.000 millones en ayudas para mantener el peso industrial.

El Gobierno británico presentó el 19 de octubre una Estrategia Net Zero histórica que establece cómo pretende garantizar 440.000 puestos de trabajo bien remunerados y desbloquear 90.000 millones de libras (101.000 millones de euros) en inversiones hasta 2030 en su camino para poner fin a su contribución al cambio climático en 2050.

India, por su parte, ha puesto en marcha para 13 sectores un plan de inversión de 26.480 millones con la intención de impulsar la fabricación nacional en sectores estratégicos como las baterías (más de 2.000 millones), automóviles (más de 3.000 millones), energía fotovoltaica (casi 600 millones) y acero (800 millones) para el periodo 2022-2027.

En Canadá, el Gobierno ha impuesto un sistema de créditos fiscales y a finales de año pondrá en marcha un fondo de crecimiento de 15.000 millones para mitigar los riesgos que asumen los inversores privados al invertir en nuevas tecnologías e infraestructuras.

Por su parte, China ha reforzado el papel de su Plan Quinquenal en lo que respecta a sostenibilidad para mantener su cuota de mercado.