Repsol, Acciona o Engie piden un aval al Estado como la banca frente a los impagos de electricidad

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), formada por empresas como Repsol, Acciona, Engie, Aldro, Cepsa, Nexus o Factor Energía, consideran que la normativa aprobada con motivo del COVID-19 no reparte el impacto económico de manera equitativa entre actividades reguladas y no reguladas y piden un aval al estado, al igual que se hace con la banca.

ACIE, que suministra el 15% de la electricidad y el 18% del gas natural, remitió en marzo un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica transmitiéndole que las medidas dispuestas por el Gobierno incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado. Sin embargo, la ley no prevé un mecanismo de vuelta a los comercializadores libres, situación especialmente perjudicial si estos son independientes.

En una reunión posterior, la Asociación argumentó que las distribuidoras tienen garantizada su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, los comercializadores pueden quedar en total descubierto ante el cese de actividad o concurso de acreedores de miles de autónomos, pymes y empresas. La dimensión real de estas circunstancias se conocerá cuando se levante el Estado de Alarma.

Créditos frente a impagos

Ante esta situación, la regulación aprobada no exime a los comercializadores del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual. Es decir, los comercializadores están financiando en este momento a las distribuidoras en los casos donde se produce dicho impago.

Por ese motivo, y dada la extensión temporal que está alcanzando el estado de alarma (que podría incluso prolongarse), y un desconfinamiento con fases que puede dificultar la reactivación de la actividad, piden al Ministerio que avale estos "prestamos energéticos" a los que están obligadas las comercializadoras libres. De tal manera que si finalmente el préstamo se impagara, hubiera un aval del Estado para las comercializadoras, igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO y que alcanza hasta el 80%.

Esta medida contribuiría parcialmente a paliar el esfuerzo económico que el COVID-19 está causando a la actividad de comercialización, y debería estructurarse sobre un horizonte de 12-24 meses, en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses.