El seguro dental planta cara a las clínicas 'low cost'

El pasado 29 de enero la Policía Nacional detenía al dueño de la red de clínicas dentales Funnydent, acusado de estafa, por el cierre sin previo aviso de sus nueve clínicas dentales, dejando a un gran número de clientes sin tratamiento dental y con una importante deuda a sus espaldas. Cristóbal López Vivar está en prisión sin fianza a la espera de que se celebre un juicio que determine si es culpable de los delitos que se le imputan. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Seguros

Pocos días después, el 16 de febrero, sorprendía la noticia de la detención de la cúpula directiva de Vitaldent, una de las mayores redes de clínicas dentales de España por unos presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales. Vitaldent cuenta con cerca de 350 clínicas en toda España, la mayoría de ellas franquicias, a las que la cúpula directiva podría haber defraudado más de 10 millones de euros.

Ambos casos han puesto en el punto de mira a las redes de clínicas dentales franquiciadas que han proliferado en España, por la posible inseguridad de sus tratamientos. La mayoría de estas clínicas ofrece tratamientos dentales a un precio reducido y financiación de hasta 36 meses sin intereses. En muchos casos, el pago del tratamiento por anticipado es obligatorio.

Tratamientos asegurados

Acudir a un dentista no siempre resulta fácil. Primero hay que superar el miedo que suelen generar estos profesionales de la salud. Seis de cada diez españoles aseguran que no acuden al dentista por miedo, según un estudio realizado en 2015 paradójicamente por Vitaldent. A otros tantos españoles les resulta un tratamiento excesivamente costoso, especialmente en los años de crisis, años en los que proliferaron redes de clínicas como las de Funnydent.

El sector asegurador, especialmente las compañías especializadas en Salud, han visto en estos acontecimientos una oportunidad para reivindicar la seguridad de sus redes de clínicas dentales, ya sean clínicas propias o asociadas a sus cuadros médicos. En este sentido, Javier Murillo, consejero y director general de Segurcaixa Adeslas, señaló durante la presentación de resultado del grupo asegurador que la compañía siente "cierta preocupación" por lo que ha ocurrido con franquicias como Funnydent o Vitaldent, "porque no es bueno para el sector que se produzcan este tipo de escándalos". La compañía puso en valor que cuenta con una red de 150 clínicas propias, 2.560 empleados y 1,6 millones de clientes.

Murillo insistió en que "tenemos especial interés en que el cliente final distinga bien y tenga capacidad de elegir, y que cuando deposita su confianza en una compañía sepa lo que hay detrás. Nosotros hacemos una oferta transparente, solvente, bien gestionada y que ha satisfecho a muchos cientos de miles de personas".

¿Y ahora qué?

Los franquiciados de Vitaldent continúan trabajando con normalidad, intentando que el escándalo de la cúpula directiva de la empresa no afecte a su día a día. La compañía explica en un comunicado que "queremos transmitir un mensaje de tranquilidad (...). Nuestra prioridad es y siempre ha sido nuestros pacientes a quienes queremos manifestar nuestro absoluto compromiso con un servicio de calidad en todos nuestros tratamientos para su salud. Nuestras clínicas continúan funcionando con normalidad (...)". Y destaca que "la investigación judicial en curso no guarda relación con nuestra actividad diaria".

El juzgado encargado del caso ha designado a Deloitte como administrador concursal de Vitaldent. El equipo al que se le encargó también garantizar la viabilidad de Pescanova será el encargado de encontrar la mejor solución para una empresa que cuenta con cerca de siete millones de clientes y da empleo a más de 5.500 personas.

El caso de Funnydent es diferente. Los usuarios afectados han unido fuerzas junto a asociaciones de consumidores para tratar de solventar el problema dejado por la presunta mala gestión. Muchos de ellos, además de quedarse sin tratamiento dental, han contraído una importante deuda con la empresa, que además, están obligados a pagar. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) anunció que se personará como acusación particular en este caso, "en defensa de los pacientes y para velar por los intereses generales de la profesión odontológica". El caso ha afectado al menos a 50 dentistas de la Comunidad de Madrid, explican.