Las distribuidoras de gas natural piden atajar el creciente fraude en el sector

Las distribuidoras de gas natural, como Nedgia -Grupo Naturgy-, Redexis o Madrileña Red de Gas, le han pedido al Gobierno que revise la regulación para atajar el fraude en el sector, estimado en unos 90 millones de euros anuales, porque la normativa actual no establece ningún perjuicio económico al consumidor que manipula las instalaciones y las propias compañías se ven impotentes a la hora de ejecutar el corte del suministro.

En Internet hay tutoriales que enseñan a manipular un contador de gas, una práctica que, además de ilegal, puede ser muy peligrosa, por la volatilidad del hidrocarburo. Así lo explican unas compañías distribuidoras cuyas páginas web tienen apartados específicos para recoger denuncias de fraude.

Ellas mismas tienen problemas para identificarlo porque los contadores de gas, a diferencia de los eléctricos -que suelen estar en un cuarto específico y la inmensa mayoría telemedidos-, están dentro de los hogares y centros de trabajo, a los que no siempre logran acceder para registrar los datos de consumo; los propietarios pueden no estar o, directamente, impedir el paso al responsable de la lectura.

Contra el impago se debe aplicar la interrupción del suministro, pero es algo inviable en numerosas ocasiones, porque para hacerlo hay que acceder al contador, que es el punto de frontera entre el consumidor y la red de distribución. Y si no se puede entrar a leer el aparato, difícilmente se podrá entrar a suspender el servicio.

Una deuda que nadie asume

Como resultado, la comercializadora puede rescindir el contrato con el cliente, pero la distribuidora no puede cortar el suministro, porque los procedimientos legales no están bien definidos, y se acaba generando una deuda que tampoco está claro quién ha de asumirla.

Para enmendarlo, estaba previsto revisar la normativa de referencia, el Real Decreto 1434/2002, durante 2018, pero no se ha hecho nada hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica lanzase una consulta pública -donde reconoce el "incremento" en el fraude y lo estima en el 3% de los costes del sistema gasista- cuyo plazo para recibir aportaciones concluyó el jueves de la semana pasada.

En su contribución, la Asociación Española de Gas (Sedigas), denuncia que "la regulación actual no establece ningún perjuicio económico al consumidor que realiza fraude en sus instalaciones". Por eso considera que "es urgente que se establezca el procedimiento de inspección y detección por parte del distribuidor, así como el flujo de comunicación y facturación por parte del distribuidor al comercializador y de éste al consumidor".

La patronal añade que también deben incluirse "los incentivos necesarios para que funcione el proceso y el perjuicio económico al defraudador para desincentivar estas malas prácticas", así como la regulación "de la suspensión del suministro y la situación contractual de los consumidores a los que no se les puede retirar el contador".

La nueva norma asimismo debe abordar la identificación de los servicios esenciales a los que no se puede cortar el suministro, desde hospitales a clientes vulnerables.

90 millones de euros

Es el importe del fraude en el sector del gas natural, según los datos manejados por el Ministerio, que lo estima en un 3% de los costes del sistema gasista, estimados en 3.022 millones para 2019.

Comparativamente, triplica el fraude en el sector eléctrico, que supera los 150 millones anuales, pero representa alrededor del 1% de sus costes, evaluados en 18.006 millones este año.