La Generalitat de Cataluña ultima un decreto 'mortal' para Uber y Cabify

La Generalitat de Cataluña está más que dispuesta a llegar al límite de la legalidad para cumplir con los taxistas y restringir la actividad de Uber y Cabify en Barcelona. El Govern, a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha confirmado a este diario que está ultimando un decreto ley para habilitar a la AMB a regular a las VTC y sentar las bases sobre las medidas que puede tomar y hasta donde puede llegar. Un decreto que según todas las informaciones disponibles puede asestar un golpe mortal al sector en Cataluña.

Aunque el Departamento de Territorio se ha negado a dar detalles sobre el contenido del decreto, desde Élite taxi aseguran que el Ejecutivo de Joaquim Torra se ha comprometido a fijar un periodo mínimo de varias horas entre la contratación y la prestación del servicio de Uber y Cabify. "La Generalitat nos ha prometido poner la precontratación en la ley catalana", explica Alberto Álvarez, lider de Élite taxi. En las reuniones que han mantenido estas últimas semanas el Govern y los taxistas catalanes se llegó a pactar un plazo de precontratación de hasta 24 horas que finalmente se rebajará a una horquilla de entre seis y doce horas.

El simple hecho de eliminar la inmediatez en la contratación de los vehículos de Uber y Cabify acabará con el 95% de su actividad en la ciudad y pondrá en peligro su futuro en Barcelona. "Aunque sean solo horas con esto ya tenemos suficiente para acabar con Uber y Cabify. Si conseguimos esto están totalmente muertos en Cataluña", explica Álvarez. Una lectura con la que coinciden empresarios de las VTC, que aseguran que la medida es ilegal y que acabaría con el sector en Cataluña, lo que puede abrir la puerta a cientos de protestas". 

Todavía no hay nada oficial y la Generalitat solo confirma que "está estudiando la viabilidad jurídica" de incluir la precontratación en el decreto, pero fuentes legales explican a este diario que existe margen para incluirlo en la ley catalana y evitar que pueda ser recurrido por las VTC o la CNMC.

Los juristas de Élite, entre los que se encuentra el ex juez Elpidio Silva, la Generalitat puede fijar el tiempo mínimo de precontratación ya que la competencia sobre la misma ya viene delegada por el Estado en el Real Decreto 13/2018 por lo que se no tiene que reglamentar nada, si no simplemente definir que es la precontratación y para eso hay que poner un número de horas. Por su contra, parece que la otra exigencia de los taxistas, obligar la vuelta a la base entre servicio y servicio, no se va a poder incluir porque se debería tramitar por ley.

A su vez, al hacerse como decreto-ley sólo podrá ser impugnado por el Gobierno central alegando que está invadiendo competencias estatales sobre legislación mercantil; por un partido político con cincuenta diputados en el parlamento; por la propia Generalitat o por el Defensor del Pueblo. El decreto-ley tendría que ir al Tribunal Constitucional.

Si el Govern finalmente no incluye la precontratación en la ley, los taxistas han amenazado con "ir a la guerra".

El reglamento de la AMB

Una vez salga el decreto, la AMB tendrá vía libre para aprobar el reglamento con el que limitará la actividad de las VTC. Este, que está previsto que se apruebe en abril (antes de las elecciones), ya contempla que se "determine el periodo que define de la precontratación mediante el plazo temporal mínimo que debe transcurrir entre la inscripción del servicio en el registro y el momento de la prestación efectiva".

A su vez, la AMB establecerá limitaciones a la actividad con la fijación de horarios, descansos, tipología de vehículos, registro de servicios, obligación de tener a todos los conductores contratados. En esta línea, otro de los puntos más conflictivos y que asesta otro duro golpe a las multinacionales es la obligación de dar transparencia a las tarifas aplicadas y tenerlas publicadas, lo que les obligará a entregar su algoritmo para explicar como se fijan las mismas.

Les obligará a entregar su algoritmo para explicar como se fijan las tarifas

La AMB también definirá que es captación ilegal y el régimen sancionador que se podrá aplicar a los conductores directamente.

Los plazos para la aprobación del reglamento son los siguientes: el 25 de enero termina el periodo de consulta pública, el 26 febrero se presenta al consejo el nuevo reglamento y se dan 30 días hábiles para hacer alegaciones. La idea es que se apruebe en el pleno de abril aunque se abre la puerta a convocar un pleno extraordinario monotemático. A excepción del plazo de precontratación todos los puntos se pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.