Las autonomías elevarán el precio de las bebidas con una tasa de reciclaje

Las autonomías quieren imponer una tasa por cada envase para garantizar su recogida y posterior reciclaje. Es lo que se conoce como el SDDR o Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, por el que el consumidor tiene que abonar una fianza de alrededor de 10 céntimos, que se le entregarán cuando devuelva el envase de plástico o vidrio en una máquina habilitada para ello en las cadenas de distribución.

Sería un sistema paralelo al que gestionan actualmente Ecoembes y Ecovidrio a través de la recogida selectiva en los contenedores que puede provocar una fuerte subida en el precio de las bebidas. "Es un sistema ocho veces más caro al actual, lo que provocará una subida de precios", advierten desde Ecoembes.

Navarra ha aprobado ya una ley para iniciar el estudio sobre la viabilidad del nuevo sistema y acordar su implantación; Baleares está a punto de aprobar también una norma en el mismo sentido; Cataluña, que en el pasado ha realizado varias pruebas al respecto, quiere reactivar el proyecto, y Valencia, que estuvo ya a punto de ponerlo en marcha lo mantiene en la recamara.

El sistema lo está impulsando una fundación, Retorna, apoyada por la empresa noruega fabricante de las máquinas Tomra, y ha provocado ya un fuerte malestar en la distribución comercial y la industria de alimentación y bebidas, sobre todo porque la Ley de Residuos que abre la puerta a la implantación del SDDR deja claro, sin embargo, que se trata de una competencia estatal. "Es una barbaridad que las autonomías pretendan ir por libre y legislar sobre cuestiones medioambientales", asegura Javier Campo, el presidente de Aecoc, organización que integra a 28.000 empresas del sector del gran consumo.

Las empresas, en contra

De hecho, todas las organizaciones y patronales, lideradas, entre otras, por Fiab (la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas) o Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) se oponen de forma tajante a este nuevo sistema. El director general de Medio Ambiente de Baleares, Sebastià Sansó, mantiene que "el problema de fondo es que Bruselas ha marcado como objetivo que el 50 por ciento de los residuos se reciclen antes de 2020 y en Baleares, por ejemplo, ese porcentaje es ahora mismo inalcanzable si no tomamos medidas".

Aunque de acuerdo con los datos de Ecoembes, las Islas están a la cabeza en España en reciclaje, con una tasa del 70% en envases ligero, Sansó lo niega. "Nuestros datos apuntan a que apenas se llega al 15%, cuando la media estatal está en el 20%, por lo que es necesario adoptar un sistema complementario que ayude a subir ese porcentaje y cumplir los objetivos".

Al igual que hará Navarra, Sansó explica que en Baleares "primero se hará una prueba en una isla a lo largo de 2020 y después se decidirá". El director general de Política Medioambiental admite que el sistema puede ser más caro, pero señala también que "aunque el actual resulte más económico se está demostrando que no es efectivo".

El responsable de la gestión autonómica y local de Ecoembes, Ángel Hervella, mantiene, sin embargo, que "estas declaraciones son tremendamente desafortunadas porque decir que los datos de Ecoembes son falsos es lo mismo que decir que las cifras que desde la administración balear están reportando al Gobierno de España y a la UE, son inciertos". En este sentido recuerda, "las toneladas de residuos que se reciclan en Baleares provienen de los contenedores y las plantas gestionadas por las administraciones baleares, que son los que tienen las competencias de realizar la recogida selectiva".

La pionera, sin embargo, fue Navarra, que aprobó ya la ley el pasado mes de junio, lo que provocó el aplauso de la fundación Retorna. "Navarra se posiciona como referente en la promoción de la economía circular, la prevención y la fiscalidad verde para luchar contra los plásticos de un solo uso, en línea con la reciente propuesta de Directiva contra los plásticos presentada por la Comisión Europea", aseguró la organización.

Recogida

La ley balear va además un paso más allá y obligará a las empresas del sector de gran consumo -alimentación, droguería y perfumería- a pagar por la basura que quede tirada en las playas, el campo o la vía pública. La ley, que será votada de forma inminente en el Parlamento autonómico, establece, en concreto, que "los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de residuos de envases tienen que compensar a las administraciones por la totalidad de los costes", tanto los destinados a la valorización o el reciclaje como los que no son recogidos de forma selectiva, "aquellos procedentes de la limpieza vial y de otros espacios como las playas".

El director general de Medio Ambiente de Baleares explica que "el objetivo final es que el consumidor, que ha pagado ya por la gestión del punto verde, no tenga que asumir un coste por duplicado al tener que pagar también por la recogida de las basuras en el espacio público", obligando así a los sistemas de responsabilidad ampliada a asumir el coste.

En teoría, se trata de así de que los sistemas integrados de gestión, Ecoembes y Ecovidrio, asuman el coste. "El problema es fundamentalmente de Ecoembes, porque el problema está principalmente en el plástico y no tanto en el vidrio", dice Sansó. Hay que tener en cuenta que el accionariado de Ecoembes lo integran tanto las empresas fabricantes, como las cadenas de distribución comercial o los fabricantes de los envases.

Hervella reconoce que "nos preocupa y ocupa este tema", pero insiste también en que "en la ley balear se está obviando el hecho de que el abandono de residuos es, además de un problema global, una consecuencia de la falta de conciencia ambiental y el civismo". Hervella mantiene que "también la administración debería implicarse en materia de prevención de residuos, reforzando el número de contenedores y optimizando los recursos".