Empresas y finanzas

La trama dedicada a la venta de jamones caducados adulteró mil toneladas de cárnicos

  • Agentes de la Guardia Civil han inspeccionado la sede de Comapa

Javier Romera
Madrid,

La trama dedicada a la venta de jamones caducados llegó a adulterar las etiquetas de hasta 1.000 toneladas de productos cárnicos. La Guarcia Civil anunció ayer que, en el marco de la operación Jamvina, y junto con personal de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat valenciana, ha logrado "desarticular una organización criminal dedicada a la distribución de productos cárnicos en condiciones de insalubridad".

Los agentes han realizado tres registros y más de 30 inspecciones en empresas de las localidades valencianas de Alzira y Algemesí, así como en la localidad madrileña de Alcobendas, inmovilizándose más de 1.000 toneladas de productos cárnicos en mal estado.

Entre las empresas investigadas está Comapa, el proveedor de jamones de Carrefour, cuya sede fue registrada el pasado mes de agosto. La cadena de distribución francesa procedió sin embargo a la retirada ya antes del verano de todos los productos afectados en cuanto tuvo conocimiento de la noticia.

Todo empezó el pasado mes de junio cuando los inspectores de Sanidad de la Generalitat valenciana descubrieron en Alzira una empresa clandestina dedicada a la distribución de productos cárnicos insalubres. "Los inspectores veterinarios del departamento de Salud de La Ribera levantaron acta por carencias documentales así como el incumplimiento de las medidas de salubridad e higiene", recuerda la Guardia Civil. Una vez conocidos los hechos por los agentes del Equipo de Policía Judicial y miembros del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, se procedió de forma coordinada con personal de la Consejería de Sanidad de la Generalitat al inicio de la operación.

Delito contra la salud pública

De momento hay seis personas detenidas y se está investigando a otras ocho. De nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 25 y 60 años, se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Los miembros de la organización, que pertenecían a varias empresas que formaban parte del entramado, se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos. "Para ello no dudaban en utilizar marcas comerciales de otras empresas con el objetivo de dar salida a estos productos", dice la Guardia Civil.

Los presuntos autores de esta trama perseguían reducir costes y maximizar beneficios. Por un lado, evitaban el desembolso a la hora de destruir los productos caducados o en malas condiciones. Además, conseguían nuevos ingresos con la manipulación de las fechas de caducidad de las piezas enteras o bien loncheando los productos e introduciéndolos otra vez en el mercado a un precio muy competitivo.