Empresas y finanzas

Los piquetes boicotean el reparto de la prensa y Boyacá solicita refuerzos

  • La Delegación del Gobierno dice que no se puede contratar seguridad privada
Un quiosco desabastecido. Imagen: Alberto Martín

África Semprún

La mitad de la red de quioscos de Madrid lleva casi una semana sin recibir la prensa diaria por la huelga de repartidores convocada para protestar por los ajustes de salario y de personal que la empresa Boyacá quiere llevar a cabo ante la caída de la actividad y de los precios de reparto.

Ante la falta de negociación, los ruteros en huelga han montado una serie de piquetes con los que boicotean a los repartidores que tratan de distribuir la prensa cada noche. Y es que, la empresa ha solicitado refuerzos a la Delegación del Gobierno Central en Madrid para que la policía vigile los puntos de reparto y asegure que los periódicos lleguen a los kioscos ya que decenas de repartidores han denunciado que les han pinchado las ruedas y les han quitado el material. De momento, la Delegación ha puesto en marcha una serie de operativos policiales que Boyacá ha considerado insuficientes y buscan reforzarlos con un mayor dispositivo, algo que no va a llevarse a cabo.

Así, la compañía que se encarga del reparto de prensa en Madrid ha anunciado que ha solicitado a la Delegación permiso para contratar vigilantes privados que "acompañen y protejan las rutas de distribución, ante las amenazas y coacciones", de los repartidores en huelga. Y es que, tal y como denuncia la firma, los trabajadores están pinchando las ruedas de las furgonetas de los repartidores que "quieren garantizar el servicios" y se han llegado a apropiar de los diarios. "Esta medida se entiende imprescindible y necesaria dada la situación de indefensión legal y operativa en la que se encuentra la compañía", sentencia Boyacá en un comunicado oficial. Fuentes de la Delegación del Gobierno explican a este diario que la abogacía del estado ha publicado un informe en el que declara ilegal que se contrato seguridad privada para proteger toda la ruta de reparto, desde la imprenta al kiosco.

La compañía, que tiene el control del servicio desde hace años, denuncia que los parones son "ilegales" puesto que los repartidores son autónomos con contrato mercantil, por lo que no se pueden sujetar a la legislación laboral. Así, aseguran que la huelga no se ha comunicado, no tiene permiso y, por lo tanto, no se están realizando servicios mínimos. Por su parte, desde la Asociación de Editores de Diarios (AED) han criticado la movilización. "El conflicto que está sufriendo la prensa en Madrid es un boicot inaceptable. Impedir con violencia que los periódicos lleguen a los puntos de venta causa un daño irreparable no solo a los grupos de comunicación y a los quiosqueros sino también, y sobre todo, a los ciudadanos, a los que se está privando de un derecho constitucional como es el de la información", ha asegurado, Javier Moll, el presidente de la asociación.

Los repartidores protestan porque el 30 de agosto se termina su contrato mercantil con Bocayá y ésta no solo no los quiere renovar, si no que busca aplicar grandes bajadas. Propone rebajar de 260 euros a 150 euros el sueldo por día y que en vez de trabajar 15 días al mes, trabajen 20. Así, busca reducir la plantilla de los 240 actuales a los 130. Los repartidores aseguran que son "falsos autónomos" porque tienen un jefe, reciben órdenes y solo tienen un trabajo y la firma asegura que "tienen condiciones laborales privilegiadas".