El coste de la interrumpibilidad eléctrica baja un 40% este 2018
- Asciende a 315 millones en el ejercicio
Tomás Díaz
REE informó ayer de que ha adjudicado 2.600 MW de potencia interrumpible entre junio y diciembre por unos 275 millones de euros. En la adjudicación de enero a mayo el coste ascendió a 155 millones. En todo 2018, anualizando los datos, la interrumpibilidad costará unos 315 millones, un 40% menos que los 525 millones de 2017.
La interrumpibilidad es un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico que permite desconectar a grandes industrias en caso de riesgo de apagón o de que se registren precios muy elevados -más de 72 euros por MWh- a cambio de una retribución. Bruselas no lo ve con buenos ojos, porque cree que en España hay demasiados mecanismos de seguridad, y el Ministerio de Energía está modificándola, con vistas a eliminarla a medio plazo.
Más competencia
Este año, por primera vez, ha organizado dos subastas para adjudicarla y ha reducido el tamaño de los bloques de potencia a interrumpir, con la intención de que haya una mayor competencia.
En la primera puja había bloques de 90 MW -adjudicó ocho a 235 euros por MW- y de 5 MW, de los que adjudicó 376, a 108 euros por MW. En la segunda puja ha reducido el tamaño de los bloques mayores hasta los de 40 MW -ha adjudicado 25 a 174 euros por MW- y ha mantenido los de 5 MW, de los que ha asignado 320 a 105 euros por MW. El número de participantes ha sido el mismo: 123 grandes consumidores de energía.
Para hacer el cálculo del coste anual hay que considerar que la potencia adjudicada en cada uno de los períodos tiene validez para todo el año, por lo que en el conjunto del ejercicio el coste ha ascendido a 315 millones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera positivo que se reduzca el tamaño de los bloques -los grandes sólo pueden aprovecharlos colosos como Arcelor o Alcoa-, pero lo ve insuficiente y pide que se permitan agregaciones de los proveedores de 5 MW. Igualmente considera que debería prohibirse la participación de los agentes que tengan deudas pendientes con REE por la prestación del servicio.