Bruselas abre el camino para tumbar las leyes 'antiUber'

El próximo 17 de abril, la CNMC y Fomento se verán las caras en el Supremo. El Alto Tribunal va a decidir antes del verano si la normas aprobadas en por el Gobierno en los últimos tres años para limitar y "ordenar" el sector de las VTC van en contra de la libre competencia y la unidad de mercado, tal y como ha denunciado en más de una ocasión el organismo que preside José María Marín Quemada.

En este impasse, desde que se fija la fecha y se celebra la vista, las tesis de Competencia han recibido el respaldo indirecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el jueves tumbó la exigencia española de tener una flota de tres camiones para poder operar en el sector del transporte de mercancías. Y es que la Corte de Luxemburgo resolvió no admitir los argumentos del Gobierno español y confirmó que cualquier empresa que disponga de, al menos, un vehículo tiene derecho a obtener la licencia. El tribunal europeo argumentó que el requisito pone barreras al libre acceso al mercado y que es "discriminatorio y desproporcionado". A su vez, la normativa española estaba en contra del Reglamento europeo sobre el acceso al sector (1071/2009, de 21 de octubre de 2009) del que se desprende claramente que cualquier empresa que disponga de al menos un vehículo, pueda obtener una autorización para el transporte público.

Aunque esta reglamentación no es directamente aplicable al transporte urbano o a las empresas de VTC, es innegable que este fallo va a tener una gran trascendencia sobre la estructura del sector del transporte en España y una evidente influencia en el contencioso entre la CNMC, Uber, Cabify y Fomento, Fedetaxi y el Ayuntamiento de Madrid. No en vano, uno de los punto que se analizarán el próximo 17 de abril es la exigencia de tener una flota mínima de siete vehículos para poder acceder y mantenerse en el mercado del transporte urbano de pasajeros en turismo. La CNMC ha argumentado en más de una ocasión que el requisito va contra la ley de garantía de la unidad de mercado (LGUM), al implicar de facto una barrera de acceso al mercado y estar injustificada.

Así, al ser un caso tan similar, el Supremo podría asumir como propios los principios de la sentencia del TJUE para fallar a favor de los argumentos de Competencia, frente a los de Fomento, que asegura que solo está "ordenando" el sector para blindar su desarrollo en armonía con el taxi. En abril, el Alto Tribunal también va a estudiar la conveniencia de que se mantenga el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, impuesto en la ROTT. Esta medida también está en cuestión por contingentar el acceso al mercado e ir en contra de las normas de libre mercado aprobadas por la Comisión Europea.

La batalla entre Competencia y Fomento por acabar con las leyes antiUber no terminará este año. El organismo tiene otro frente abierto: el Real Decreto aprobado en diciembre de 2017 para limitar la venta de licencias y el control de los viajes que realizan las VTC que trabajan con Uber o Cabify. La CNMC ha realizado varios informes, alegando que las normas van en contra de la ley de garantía de la unidad de mercado y critica que no se rigen "por los principios de necesidad y proporcionalidad".