Los grandes bonistas, contra Saracho y Ron por la vía penal

Cinco fondos, con Pimco a la cabeza, piden colaborar para determinar "la existencia de falsedades en el proceso"

Los grandes fondos tenedores de bonos del Popular se han personado en la causa penal que mantiene abierta la Audiencia Nacional por la caída del banco en calidad de afectados. La investigación se dirige contra la que era la sexta mayor entidad del país, sus dos expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la auditora PwC.

Este grupo de bonistas está formado por cinco fondos como Pimco, Anchorage Capital Group, Algebris Investment, Ronit Capital o Cairn Capital, poseedores de una parte importante de los bonos emitidos por la entidad.

Richard East, socio principal del bufete de abogados que los representa Quiin Emanuel, aseguró ayer en un comunicado que diversos afectados presentaron ante la Audiencia serias acusaciones que se van a investigar y los fondos desean estar informados y "colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso".

La causa que investiga el magistrado Fernando Andreu, centra el proceso en los presuntos delitos de falsedad contable en los estados financieros, fraude a los inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada. Concretamente, el juez dividió el proceso en dos piezas. La primera investiga la etapa de Ángel Ron, y si hubo falsedad contable en los estados financieros que presentó la entidad en la ampliación de capital que hizo el banco en la primavera de 2016 y con ello, fraude a los inversores. La segunda pieza se centra en la era de Emilio Saracho e investiga si, en la última época, algunos miembros del consejo de administración difundieron información falsa para especular, en beneficio propio, con la caída del precio de la acción.

Este grupo de fondos ya presentó este verano varios recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la resolución del banco. Entonces, acusaron directamente a la presidenta de la JUR, Elke König, de provocar la crisis de liquidez de la entidad por las declaraciones que realizó en mayo a la prensa con las que avivó los rumores de crisis. "La violación del secreto profesional de la JUR socavó la confianza de los inversores y dio lugar a una fuga de depósitos", dijo entonces Richard East.