El chollo de las plataformas digitales se acerca a su fin
África Semprún
El plan de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de profesionalizar el universo Airbnb supone el primer paso para imponer la ley (y el pago de impuestos) en el Salvaje Oeste en el que está instalada la nueva economía digital.
Un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, Cifuentes se lanzó a presentar su plan para convertir a Airbnb en un empresa hotelera. La decisión prejudicial de la justicia europea da alas a la Comunidad Madrid en su inicia- tiva y la blinda legalmente ante las posibles denuncias que la compañía de EEUU pueda presentar para evitar someterse (tanto ella como sus usuarios) a las mismas reglas del juego que el resto del sector turístico. Y es que, la decisión de tribunal europeo no sólo abre la puerta a cuestionar el modelo de negocio de la nueva economía digital, sino que permite que cada Estado miembro aplique su legislación como vea conveniente. En román paladino, el chollo de las plataformas digitales se acerca a su fin.
"Cumplir con la normativa implica un mayor coste y control por parte de las Administraciones por eso no es tan fácil operar, no se gana tanto dinero y no se pueden poner precios tan bajos", aseguró en declaraciones a este diario Julio Sanz, presidente de la patronal Antaxi, tras conocer la decisión de la UE. El representante de los taxistas celebraba así que Uber se tuviera que someter a las mismas leyes que ellos antes de saber que el Ministerio de Fomento no tiene pensado, en principio, modificar las condiciones bajo las que opera en nuestro país.
En el caso de Airbnb, el plan de Cifuentes supondrá una barrera de entrada para nuevos propietarios y, también, una puerta de salida para los usuarios actuales ya que los gastos de operación subirán bastante. Por un lado, la plataforma se verá obligada a poner más controles de acceso y asumir una responsabilidad civil y mercantil sobre el producto que anuncia, así como asegurarse que todos los alojamientos son viviendas turísticas, lo que le llevará a subir la comisión de cobra por intermediar, estando rentabilidad al negocio y más aún a los precios actuales. A su vez, los propietarios tendrán que invertir en adaptar sus viviendas, lo que implica incurrir en mayores costes. Y es que, las normativas sectoriales tienen la particularidad de exigir a las empresas que cumplan una serie de requisitos de segu-ridad, metros cuadrados por usuario, ventilación, servicios, licencias, contratos, seguros civiles y de accidentes... que elevan los gastos. Actualmente las plataformas digitales, que defienden que son empresas vinculadas a los servicios de la información, no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre el producto que ofertan en sus infraestructuras virtuales, por lo que son capaces de imponer precios más bajos sin sacrificar los márgenes. Son los prestadores del servicio (choferes, repartidores, propietarios de la vivienda) los que tienen que asumir la responsabilidad legal del servicio que dan, ya que su vinculación con las firmas como Uber o Deliveroo es mercantil.
La nueva vuelta de tuerca también deja en el aire este tipo de vinculación laboral.