La Comisión investiga las exenciones fiscales británicas a multinacionales

Los servicios de Competencia de la Comisión Europea funcionan a toda máquina desde que en 2014 las filtraciones de los papeles de Panamá, Bahamas y, sobre todo, Luxemburgo, destaparan las ventajas fiscales concedidas por algunos países a las multinacionales para evadir impuestos.

Reino Unido rebajó la factura a los grupos internacionales, concediéndoles un agujero por el que escapar de las medidas antievasión que Europa ha pedido a sus Estados que adopten. Por ello, la Comisión decidió ayer abrir una investigación al país. El Ejecutivo comunitario mirará si Londres permite a las multinacionales evitar estas nuevas normas emanadas de una directiva, y encuadradas en la cruzada europea e internacional contra la evasión de impuestos.

En el punto de mira están las normas que afectan a las "sociedades extranjeras controladas", que permiten a los Estados evitar que las grandes firmas usen subsidiarias en paraísos fiscales para escapar de sus obligaciones con el fisco. Tras la adopción de la directiva contra la evasión fiscal, se espera que todos los socios adopten estas normas el 1 de enero de 2019. Hasta ahora, 19 capitales ya lo han hecho.

En el caso de Reino Unido, estas normas permiten a las autoridades repatriar hasta su territorio todos los beneficios trasladados a jurisdicciones extraterritoriales para escapar del pago de impuestos. Sin embargo, en un guiño para mantener satisfechas a las grandes firmas, y atraer otras nuevas, el exresponsable de Finanzas, George Osborne, introdujo una exención en 2013, que blindó los intereses generados por los préstamos realizados entre las subsidiarias de las multinacionales. Estos préstamos internos son, a menudo, utilizados para trasladar los beneficios de un lado a otro y así escapar del fisco. El resultado es que las multinacionales terminan apenas contribuyendo a las arcas públicas. La Comisión "tiene dudas sobre si esta exención es consistente con el objetivo general de las reglas del Reino Unido relativas a las sociedades extranjeras controladas", indicó la institución en un comunicado.

Exenciones en las normas antievasión

El Ejecutivo comunitario recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya cuestionó estas exenciones en las normas antievasión, al representar una ventaja selectiva y, por lo tanto, una ayuda de Estado ilegal. Aunque la conclusión del caso puede llegar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019, fuentes comunitarias recordaron ayer que aun así las islas tendrán que cumplir con la decisión.

Sin embargo, los responsables comunitarios desconocen qué mecanismos tendrán para asegurar el cumplimiento del fallo. Reino Unido, de momento, podrá argumentar ante la Comisión por qué su sistema fiscal no representa una ayuda de Estado ilegal.