Fin del plazo para recurrir la resolución de Banco Popular en la UE

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución del Banco Popular tienen hasta el día de hoy para recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la decisión adoptada el pasado 7 de junio por la Junta Única de Resolución (JUR).

Aunque inicialmente hay un plazo de dos meses para interponer los recursos, el TGUE prorroga en diez días la fecha "por razón de distancia". Los afectados que quieran interponer recursos ante la Audiencia Nacional, que también da un plazo de dos meses, podrán hacerlo, sin embargo, hasta el próximo 7 de septiembre, puesto que en España el mes de agosto se considera inhábil en materia judicial.

Entre los pequeños y grandes accionistas que ya han recurrido a instancias europeas destaca Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), representados por el bufete Cremades y Calvo Sotelo, que aúna a 4.000 afectados y solicita la devolución de 1,85 euros por título. También ha acudido el despacho Rúa Abogados, mientras Navas & Cusí anunció su intención de acudir.

Por su parte, el bufete Cremades Asociados ya presentó el pasado 7 de agosto un recurso con tres acciones ante el Tribunal de Justicia europeo en el que solicitó, con la primera acción, la anulación de la resolución del Popular (que supondría la devolución de los títulos a accionistas y bonistas). Las otras dos acciones marcan una orquilla para la compensación de los afectados que oscila entre los 0,69 euros por acción o los 2,57 euros.

La primera cifra corresponde al precio en el que estaba la acción el pasado 22 de mayo, un día antes de que la presidenta de la JUR, Elke König, concediera una entrevista a Bloomberg en la que avivó los rumores de intervención.

El despacho calcula la segunda cifra en función del patrimonio neto que tenía el banco en las cuentas del primer trimestre de 2017 dividido entre el número de acciones. Cremades y Asociados ha solicitado al TJUE que un perito independiente la indemnización a los afectados una vez visto el informe de Deloitte.  

Entre los grandes accionistas que han recurrido al TGUE está el magnate mexicano Antonio del Valle y la Sindicatura de Accionistas. También anunciaron que acudirían a Luxemburgo la familia chilena Luksic y la gestora norteamericana Pimco.

Entre los principales argumentos que alegan los afectados destaca que la resolución de la entidad entonces presidida por Emilio Saracho no fue legal porque incumplía los supuestos reservados en la normativa comunitaria para resolver una entidad, puesto que el Popular era solvente.