Las teles estudian acudir a la CNMC para frenar el 'tarifazo' de la SGAE

Las negociaciones entre la SGAE y las televisiones para fijar el nuevo sistema de tarifas por el uso de su repertorio musical han entrado en punto muerto. Las conversaciones arrancaron en junio de 2016 cuando la entidad de gestión presentó una propuesta que implicaba un alza del 18,6% sobre la tarifa por disponibilidad promediada (TDP) de 2015. Lejos de llegar a un acuerdo, casi un año después la firma que preside José Miguel Fernández-Sastrón ha aprobado otras tarifas que suponen un incremento del 38,5% con respecto a las acordadas con los operadores en 2015 y que han terminado por bloquear las negociaciones y llevar a las cadenas a pensar en acudir a los organismos públicos para que fije las tarifas.

"A raíz de la nueva propuesta no solo no se ha avanzado sino que se ha retrocedido. Según la actual ley podemos seguir negociando sine die pero ese no es el plan", explican fuentes cercanas a las televisiones privadas. En este punto aseguran que ya están estudiando "romper la baraja" y denunciar a la SGAE ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por "abuso de posición de dominio".

Aunque ya ha puesto sobre la mesa la opción de acudir al regulador para que frene el tarifazo de la SGAE, el plan es mantener abiertas las vías de negociación algunos meses más para tratar de promover algún acercamiento. Por ejemplo, ya está previsto que la entidad de gestión y las cadenas de televisión se reúnan en septiembre. "Desde que vencieron las tarifas del 2015 no han existido acuerdos con los operadores y no queremos estar otro año negociando", explican.

Según los cálculos del sector, esta nueva subida, presentada en junio de 2017, elevaría hasta los 99,3 millones de euros lo que las televisiones nacionales en abierto (Atresmedia, Mediaset, 13TV, Ten...) tendrían que pagar a la SGAE por el uso de su repertorio. Es decir, 27,6 millones más que los 71,7 millones que tendrían que pagar en función a las tarifas aprobadas en 2015. Las tasas planteadas en 2016 situaron el monto en los 85,1 millones. Las cifras no incluyen a las cadenas estatales (RTVE), autonómicas, ni de pago.

Las televisiones abren la puerta a acudir a Competencia, que es el organismo habilitado para intervenir en las los derechos de gestión colectiva voluntaria, ya que consideran que el nuevo sistema tarifario no "respeta el espíritu de la ley de propiedad intelectual". Hace dos años hubo una modificación de la normativa que permitió también la introducción de tarifas en función del uso. Actualmente se paga por tener acceso a todo el repertorio.

"La subida y detalle del nuevo sistema tarifario planteado por la SGAE no se ajusta a la equidad que exige la ley de propiedad intelectual. No respeta el principio del valor económico. Es decir, que se paguen los derechos en función del beneficio que aporte, explican fuentes cercanas a la negociación.

Por su parte, desde la SGAE aseguran que se seguirá negociando para llegar a un acuerdo y en todo momento defienden la legitimidad de su sistema. La entidad pretendía cobrar estas tarifas ya con cargo al pasado ejercicio, pero todas las cadenas de televisión se han opuesto de forma unánime y actualmente pagan los derechos a cuenta y con carácter provisional hasta que se aplique un nuevo sistema.

En esta línea, fuentes cercanas a la SGAE aseguran que esta situación beneficia a las cadenas ya que pagan mucho menos de lo que deberían: "los pagos se sitúan entre el 85% y el 72% de los que correspondería realizar aplicando la anterior". A su vez, defienden la actualización de las tarifas porque "hace mucho que no se aplica una" y porque la firma necesita subir los ingresos y bajar los gastos para blindar su supervivencia.

99,3 millones de euros

Las tarifas planteadas por la SGAE en 2016 supusieron un incremento del 18,6% y las que acaban de aprobar en 2017 suponen un alza del 38,6 respecto a las acordadas en 2015. Si se aplica a los ingresos de publicidad el tipo de SGAE, en 2017 tendrían que pagar 99,3 millones frente a los 71,7 millones que deberían pagar en 2015.