La Justicia ultima la liquidación de las empresas de Arturo Fernández

El grupo empresarial Arturo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández, está a un paso de la liquidación. Fernández, ex presidente de la CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid y al que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) relaciona con una supuesta financiación ilegal del PP, se encuentra en una situación financiera crítica y, con la práctica totalidad de sus empresas en concurso de acreedores desde hace ya en algunos casos hasta tres años, sólo confía ya en salvar una de ellas.

"Hay una decena de compañías que están pendientes de la valoración de los activos por parte del juez para la liquidación, pero es importante resaltar que, aunque con quitas de entre el 20 y el 30%, hemos consegido afrontar la mayor parte de la deuda y se ha recolocado a la totalidad de la plantilla, un total de 2.324 trabajadores en las empresas que se han quedado con las concesiones", asegura Fernández en una conversación telefónica con elEconomista.

La lista de compañías que están ya en fase de liquidación y pendientes tan sólo del reparto del patrimonio y su disolución definitiva está formada por Cantoblanco Alimentación, Areas Servicio, Castellana Catering, Cantoblanco Colectividades, Cantoblanco Restauración, Catering Services, DYR Cantoblanco, Playa de Madrid, Arturo Grupo Cantoblanco y Restaurante Edelweiss.

Pasivos pendientes

A pesar de los pagos ya realizados, entre todas, según figura en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil y admite el propio Arturo Fernández, suman aún una deuda de más de 20 millones de euros. La gestión de la fase de liquidación la está llevando a cabo como administrador concursal la firma Data Concursal, que ha declinado hacer ningún tipo de valoración ante las llamadas de este periódico, pero que sí admite que "el proceso está en la recta final".

Fernández se muestra convencido, por su parte, que pese a la liquidación de la prática totalidad de su grupo podrá salvar, al menos, la compañía Cadena Hotelera H-21. "Es una empresa que tiene varios activos, como gasolineras y un hotel en Mojacar, en la provincia de Almería, que por ahora está cerrado".

Según publicó el pasado mes de enero La Voz de Almería, Santiago Aguirre, socio fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, pidió precio por este establecimiento, el Hotel Moresco, que lleva ya nueve años clausurado.

H-21, la cadena de la que forma parte, fue declarada en concurso de acreedores en 2015. Banca March había iniciado previsamente una ejecución del embargo, que quedó paralizado al suspenderse pagos, con lo que la entidad está pendiente ahora de la resolución judicial.

A la espera de que pueda lograr su objetivo, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco tienen bajo la lupa los contratos de la Asamblea de Madrid a Fernández, aunque han descartado investigar a Cristina Cifuentes, la presidenta autonómica. Eso a pesar de que la UCO apreció posibles indicios de delito de prevaricación y cohecho en la adjudicación, por parte de Cifuentes, de la cafetería de la Asamblea madrileña en los años 2009 y 2011, al dueño de Arturo Cantoblanco cuando ella era presidenta de la mesa de contratación.

Los investigadores creen que ese y otros contratos fueron acompañados de ingresos a Fundación Fundescam, ligada al PP de Madrid, para sufragar gastos electorales no declarados. Arturo Fernández habría pagado así 160.000 euros, "bien a través de la Fundación Cantoblanco o a través de Ceim", cuando era ya vicepresidente.