Las ingenierías territoriales litigarán contra la contratación 'a dedo' a Ineco y Tragsatec

Cinco patronales estudian acudir a la CNMC, Bruselas y los tribunales ordinarios

Cinco organizaciones territoriales de ingeniería han unido sus fuerzas para denunciar ante los organismos competentes el sistema de contratación español que favorece a las empresas públicas Ineco y Tragsatec (Grupo Tragsa). Los presidentes de las patronales autonómicas Ageinco (Galicia), Acalinco (Castilla y León), Asincar (Aragón), Asinca (Cataluña) y Asica (Andalucía) han acordado estudiar las vías para denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante el Contencioso Administrativo y ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea el, a su juicio, "abuso de la figura administrativa de los encargos y de la encomiendas de gestión", según explican fuentes de las asociaciones.

Las cinco patronales, que están abiertas a que se sumen otras organizaciones empresariales, ya han iniciado los contactos para contratar a un despacho de abogados especializado en materia de competencia. Inicialmente, fuera de esta iniciativa queda Tecniberia, la mayor asociación de empresas de ingeniería de España y entre cuyos miembros también se encuentra Ineco.

Las patronales autonómicas llevan tiempo denunciando el abuso de los encargos directos y de las encomiendas de gestión y ahora han decidido dar un paso más. Esta figura permite a las administraciones adjudicar contratos sin concurso a aquellas empresas públicas que son medio propio . En este caso, Ineco lo es del Ministerio de Fomento y Tragsatec del Ministerio de Medio Ambiente y de las Comunidades Autónomas. Son estas administraciones contra las que luchan las ingenierías privadas.

Para las organizaciones territoriales, los encargos directos y encomiendas están ahogando la contratación de las ingenierías de consulta en España. Como muestra, Ineco facturó en 2015 en España 144,8 millones de euros, mientras que las licitaciones para el sector privado alcanzaron los 440 millones y en 2016, los 333 millones. A estas cantidades, además, hay que descontar las bajas con que se adjudica, que roza el 30 por ciento de media.

Para armar su denuncia, las organizaciones prevén plantear en Bruselas casos concretos de contratos asignados a Ineco o Tragsatec sin que realmente respondan a las tres condiciones para que puedan beneficiarse de las encomiendas: riesgo para la seguridad, falta de ofertas o urgencia.

Las ingenierías también trabajan para que la nueva Ley de Contratos valore su actividad en base a criterios de calidad y no económicos.