España quiere condicionar las metas de renovables a 2030 a los costes pasados de su desarrollo

España quiere que los objetivos de renovables y de eficiencia energética para el año 2030 tengan en cuenta los costes del pasado, los del presente y los del futuro, de forma que haya un reparto ecuánime entre los países miembro de la UE, y que el cumplimiento de dichas metas esté condicionado al desarrollo de las interconexiones, para las que reclama un objetivo vinculante.

elEconomista ha tenido acceso a las alegaciones remitidas por España a la Comisión Europea sobre su propuesta de Regulación para la Gobernanza de la Unión Energética -incluida en el denominado Paquete de Invierno, presentado a finales del año pasado-, que enmienda una decena de directivas y reglamentos comunitarios.

La Gobernanza es clave para que la UE alcance sus objetivos de clima y energía de 2030: reducir un 40% las emisiones de CO2, consumir un 27% de renovables, bajar sus necesidades de energía un 30% y tener un 15% de interconexiones eléctricas.

Estos objetivos -excepto el de carbono- son vinculantes a escala europea, pero son indicativos para los países, y cada uno debe elaborar unos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima antes de que acabe este año para detallar qué actuaciones acometerá para alcanzarlos. Posteriormente, la Comisión ha de liderar un proceso de coordinación y revisión de todas las iniciativas estatales al objeto de alcanzar las metas comunitarias.

A España el planteamiento no le gusta. Recuerda que no hay mandato legal para elaborar los Planes -aún es una propuesta de normativa-, considera demasiado ajustados los plazos previstos y cree que debería detallarse más cómo se distribuyen los esfuerzos entre los estados, limitando el importante margen de discrecionalidad que tendrá la Comisión y reduciendo la incertidumbre que actualmente tienen los países a la hora de elaborar sus Planes.

Reparto ecuánime

También defiende que el criterio a seguir en el reparto de esfuerzos entre los socios comunitarios sea la ecuanimidad de los costes previos, presentes y futuros de las medidas; explícitamente reclama que se considere el esfuerzo temprano español en renovables, por su aportación al abaratamiento de las tecnologías.

Así mismo rechaza que se establezcan sendas de desarrollo de renovables separadas por tecnologías, puesto que no es "consistente" con el principio de neutralidad tecnológica y políticas coste-eficientes; tampoco le gusta que haya cuotas por sectores (electricidad, usos térmicos y transporte) y plantea que esas decisiones dependan de la voluntad de cada país.

En el caso de la eficiencia energética, España sostiene que ha reducido sus necesidades y que ya ha acometido las medidas más coste-eficientes; por lo tanto, le quedan medidas que exigen una mayor inversión y plantea que los mayores esfuerzos los hagan los países con más consumo.

Recuerda que la Comisión ha planteado un objetivo del ahorro del 30%, superior que el pedido por los estados del 27%, y pide que se levanten barreras para alcanzarlo, como los criterios contables aplicados a la inversión pública en eficiencia. También pide que las actuaciones de eficiencia energética realizadas antes de 2020 cuenten para 2030 por su impacto a largo plazo y que cada estado miembro decida el porcentaje de ahorro que se debe conseguir a partir del sistema de obligaciones, ahora en el 1,4%.

Interconexiones vinculantes

Además, todo ello debe condicionarse a la consecución del objetivo del 15% de interconexión eléctrica, que debería ser vinculante -sujeto a sanciones por incumplimiento- para reducir los costes de las medidas y evitar grandes fluctuaciones en los sistemas eléctricos como resultado de la intermitencia de las renovables.

El país arguye que por debajo de ese porcentaje de interconexión -en España estamos al 3% con Francia- no se consiguen externalidades positivas y los costes totales se incrementan.