El Supremo condena a 'Marcilla' y le obliga a pagar 130 millones a Hacienda

Jacobs Douwe Egberts (JDE), el gigante holandés del café propietario de marcas como Marcilla, Saimaza, L'Or Espresso, Senseo Tassimo y Hornimans, se ha visto obligado a pagar 129,8 millones de euros a la Agencia Tributaria por impuestos pendientes desde el año 2003 hasta 2010.

Lo ha hecho tras una condena del Tribunal Supremo correspondiente a los tres primeros ejercicios, pero que, según admite la propia empresa en su último informe anual de cuentas, "resuelve el fondo de la cuestión planteada en contra de los intereses de la sociedad" y sienta así un "precedente".

Albert Moncau, director general de la compañía para el Sur de Europa (España, Italia y Portugal), reconoció ayer en este sentido a elEconomista que "se han regularizado todos los pagos". Moncau explica, no obstante, que se trata de una situación de la que JDE no es responsable. En 2014, las multinacionales D. E. Master Blenders (la antigua Sara Lee) y Mondeléz fusionaron sus negocios cafeteros y crearon un grupo con unos ingresos de 5.000 millones de euros y presencia en 100 países, capaz así de disputar el liderazgo a Nespresso, la filial de Nestlé. Según Moncau, "los impuestos que nos reclamaban ahora corresponden a una situación heredada por un litigio abierto contra Sara Lee".

El origen del programa

El origen del problema se remonta, de hecho, a inspecciones tributarias realizadas entre 2007 y 2013. Hacienda reclamó una cuota total, junto a intereses de demora y sanciones, por importe de 96,8 millones por el periodo comprendido entre 2003 y 2005; 24,3 millones más por los ejercicios entre 2006 y 2009 y otros 8,7 millones por 2010. La compañía había efectuado ya pagos por dichas actas por importe de 57,9 millones y consignado avales ante la Administración Tributaria por el resto.

A 31 de diciembre de 2015, la empresa no había registrado provisión alguna por este concepto ya que sus asesores fiscales habían estimado que "en base a sentencias previas que habían sido favorables", la resolución final del Supremo también lo sería. Pero, según aparece en el informe anual, el 19 de julio del año pasado el Supremo ha dado la razón a Hacienda, lo que ha provocado, además, que Deloitte, la firma que ha auditado sus cuentas, haya puesto salvedades a las mismas por la falta de provisiones.

El coste equivale al 62,5 por ciento de los ingresos de JDE en España, que en el último año se elevaron a 208 millones de euros. Y la empresa reconoce, además, que todavía tiene abiertas distintas inspecciones por parte de las autoridades fiscales de año anteriores.