La Fiscalía denuncia a Serra, Todó y a otros exdirectivos de CatalunyaCaixa
- Les acusa de administración desleal en operaciones inmobiliarias
elEconomista.es
La Justicia española parece que continuará teniendo trabajo juzgando exbanqueros cuando finalice la vista de Bankia. Según publicó ayer elPeriódico, la Fiscalía Anticorrupción habrían presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Narcís Serra y una decena de ex altos cargos de CatalunyaCaixa, entre los que se encuentra Adolf Todó, ex director general de la caja, por administración desleal.
De acuerdo con dicho diario, la Fiscalía calcula que una serie de inversiones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007 por la entidad, podrían haberle causado pérdidas por 720 millones. Dichas operaciones habrían sido descubiertas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Según la Fiscalía, estas presuntas inversiones irregulares se habrían realizado sólo teniendo en cuenta las palabras de los socios que coparticipaban en las mismas y sin solicitar informes de independientes. De hecho, el diario catalán destaca que Catalunya Caixa dio aval y viabilidad a todos estos informes incluso sin contrastar la solvencia de los inversores asociados. Además, la Fiscalía destaca que varias de estas operaciones suponían un riesgo de inversión, porque se trataba de proyectos de resolución incierta. Por ejemplo, de terrenos que no eran todavía urbanizables.
Diversas causas
A final del mes de febrero, la Confederación intersindical de cajas (CIC), que ejerce de acusación particular en el caso de los sueldos desproporcionados de CatalunyaCaixa, pidió diez años de prisión para el exdirector de Catalunya Caixa Adolf Todó y cuatro para el que era presidente Narcís Serra.
En su escrito, atribuyen a Todó un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. Al exministro Narcís Serra y a otros 40 consejeros les acusan solamente del delito administración desleal. CIC considera que dos acuerdos del consejo, adoptados el 19 de enero de 2010 y el 13 de octubre de ese mismo año, en los que se aprobaron incrementos salariales del comité de dirección "perjudicaron enormemente a la entidad".
La acusación particular afirma que con estas retribuciones la entidad contrajo obligaciones "que contribuyeron a la crisis financiera" que sufrió CatalunyaCaixa y que la llevó a la aplicación de un expediente de regulación de empleo en el que se destruyeron 1.630 puestos de trabajo y se cerraron 395 oficinas. Concretamente, en el primer acuerdo se decidió que el salario de Todó pasara de 700.500 euros a 800.500 anuales, y que el del exdirector general adjunto Jaume Massana alcanzara casi los 600.000. En el segundo aumento, se les volvió a subir el sueldo hasta los 812.500 y los 610.200 en el del segundo.
Además de los incrementos salariales, en los consejos de administración se aprobaron sendas pólizas de seguros sobre la pensión del equipo directivo, haciendo aportaciones entre 2008 y 2011 de cuatro millones en el caso de Todó y de un millón para Massana.
La acusación, en su escrito, recuerda que estas decisiones se tomaron cuando la entidad ya había solicitado "la inyección de dinero público" por parte del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob). Consideran que los acusados usaron los fondos de la entidad "despilfarrándolos", y que eran fondos públicos.