Energía estudia suprimir el impuesto al sol en algunos puntos con pocas redes

El Ministerio de Energía sopesa la posibilidad de extender a zonas muy concretas la exención del llamado impuesto al sol de la que disfrutan los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) siempre que el autoconsumo sea más eficiente que el tendido de nuevas redes.

El ministerio que encabeza Álvaro Nadal ha pedido a las comunidades autónomas y a otros agentes del sector propuestas de lugares en los que eximir del pago de peajes por la energía autoconsumida acarree menos costes que el desarrollo de nuevas redes eléctricas, lo que se denomina "autoconsumo eficiente", han explicado fuentes de ese departamento. Las fuentes consultadas han precisado que los lugares en los que podría aplicarse esta opción son muy limitados.

Los autoconsumidores pagan los peajes por los costes fijos del sistema eléctrico tanto por la energía que toman de la red como por la que producen ellos mismos, aunque con dos excepciones: los que se encuentren en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y los que tengan una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios, es decir, los hogares.

Según las fuentes citadas, el acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos pide que se eliminen los obstáculos al "autoconsumo eficiente", es decir a aquel que permite evitar costes superiores por el despliegue de líneas eléctricas en zonas aisladas o con redes poco densas.

El cierre de Garoña, ¿inconstitucional?

Por otra parte, fuentes del Ministerio han cuestionado la constitucionalidad de la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos). Estas fuentes entienden que la ley propuesta por los socialistas afecta a un caso singular, en lugar de regular una generalidad.

Esta interpretación del departamento dirigido por Álvaro Nadal se produce pese a que la propuesta socialista contempla impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con Garoña tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez producido este dictamen, Energía dispone de seis meses para aprobar, a través de una orden ministerial, la autorización definitiva de apertura por un periodo de tiempo concreto.

A este respecto, el Ministerio tiene previsto abrir un proceso de alegaciones, aunque su intención es esperar todavía unos meses, ya que el plazo definitivo para tomar la decisión vence en agosto.

En todo caso, desde el Ministerio se sostiene que el caso de Garoña no debe ser utilizado como referente con respecto al futuro del resto de centrales españolas, al tratarse de un caso singular por el hecho de que lleva varios años cerrada.