Colombia ejecuta los cortes de luz por impago, algo que prohibió a Gas Natural

Electricaribe, la filial de Gas Natural Fenosa (GNF) en Colombia que fue intervenida por el Gobierno el pasado mes de noviembre, está haciendo lo que no se le permitió hacer cuando la gestionaba la empresa española, provocando su insolvencia: cortar el suministro eléctrico a las administraciones y a las empresas públicas morosas, y en breve comenzará también en los barrios más humildes.

En la zona costera en la que opera Electricaribe, pobre para los estándares del país, siempre ha habido un grado de fraude y de impago muy elevados, que han gozado de notable impunidad: entre 2000 y 2015 la empresa presentó más de 12.400 denuncias por robo de energía, pero sólo se celebraron 139 juicios y hubo 84 condenas.

La legislación y la jurisprudencia, además, han fomentado una auténtica cultura del impago, al proteger del corte de suministro por mora a numerosos organismos oficiales -Administración y empresas públicas- y a los barrios más pobres, denominados subnormales. El Gobierno ha lanzado sucesivos programas de subsidio que han evitado el colapso, pero que no han animado a invertir en el mantenimiento de unas infraestructuras avejentadas que prestan un mal servicio.

Nada de cortar al moroso

La situación se exacerbó el año pasado porque hubo poca generación hidroeléctrica y el precio de la luz subió un 30%. Ante el agujero que se le estaba provocando -la deuda acumulada asciende a unos 1.260 millones de euros-, la compañía intentó en julio cortar el suministro eléctrico a los morosos, pero fue imposible: recibió notificaciones de la Policía, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Defensor del Pueblo Atlántico y los juzgados, oponiéndose a los cortes.

Inmediatamente, GNF apeló al Acuerdo de Protección de inversiones entre Colombia y España, que da un plazo de seis meses para negociar antes de dirimir las diferencias en una corte de arbitraje internacional, y en noviembre, tras unas conversaciones fallidas y ante el riesgo de que la insolvencia de Electricaribe derivara en apagones, el Gobierno optó por intervenirla.

Por el camino, la entidad interventora, la Superintendencia, publicó un informe que reducía los impagos a algo testimonial; el promedio de recaudo en los mercados regulados y no regulados -sostenía- fue del 97,9% en 2015.

Sin embargo, desde la intervención se han inyectado en Electricaribe 150 millones de dinero público para que pueda hacer frente a sus obligaciones en el mercado eléctrico y evitar los apagones, y ahora se multiplican los antes prohibidos cortes de suministro: en las últimas semanas se han producido en una veintena de sedes municipales, instalaciones deportivas, bibliotecas, casas de cultura y locales similares, pero también en hospitales, y se negocia con las compañías de tratamiento de agua; hasta los subsidiados barrios subnormales van a sufrir cortes de energía.

GNF puede denunciar a Colombia en el Banco Mundial a partir del 3 de marzo y el país puede decidir qué hace con Electricaribe, si devolverla a la española, nacionalizarla o liquidarla, hasta el día 14.