La estiba declara la 'guerra' a Fomento: convoca tres días de paros parciales

El plan de Fomento para liberalizar las operaciones de carga y descarga en los puertos ha puesto en pie de guerra a los estibadores, que ya han dado el primer paso para tratar de frenar la reforma legal. Apenas tres días después de que el ministro Íñigo de la Serna presentara las líneas maestras del Real Decreto que busca eliminar el monopolio en el sector de la estiba, las organizaciones sindicales, lideradas por Coordinadores, han convocado paros parciales durante tres días.

En concreto, los trabajadores tiene previsto trabajar una hora si, una hora no (las huelga tendrá lugar en las horas impares) entre las ocho de la mañana del 20 de febrero y las ocho de la mañana del 21 de febrero. Los paros se repetirán durante las mismas horas entre el 22 y el 23 de febrero y entre el 24 y el 25 de febrero. Los estibadores cubren turnos de 24 horas por lo que los paros serán de 12 horas por jornada, lo que, según los sindicatos, permite cubrir "el 50% de los turnos por lo que no hace falta establecer servicios mínimos". El truco radica en que se trabaja en horas alternas lo que lastra la productividad de los puertos hasta el punto de que se retrasen las descargas de los barcos afectando directamente a las navieras que, eventualmente, tendrán que dejar los barcos parados más tiempo de lo deseado.

Esta convocatoria supone un primer aviso con el que los estibadores buscan forzar una negociación con Fomento y las patronales para pactar la reforma de la ley, tal y como se estaba haciendo antes de que la Unión Europea vetara las exigencias de los trabajadores y obligara al Gobierno de España a realizar una nueva ley sujeta a las exigencias de la sentencia del Tribunal Europeo.

Presionar a las empresas

Fuentes cercanas a las autoridades portuarias aseguran que con este preaviso los sindicatos buscan "asustar con la baja de productividad y presionar a las empresas" ya que es con ellas con las que finalmente tendrán que negociar. "Hay muy poco margen de maniobra por parte de Fomento para negociar el contenido del nuevo Real Decreto. Bruselas ha dejado muy claro lo que quiere", sentencian. En este punto, estas mismas fuentes apuntan a que la primera reacción de los estibadores ha sido más "suave" de lo previsto y se espera una escalada de tensión en las próximas semanas de cara a la aprobación del Real Decreto en consejo de ministros y su validación en el Congreso, donde el Gobierno necesita encontrar apoyos parlamentarios.

Los representantes de los trabajadores presentan batalla a Fomento al entender que la reforma supondrá "convertir en precarios sus puestos de trabajo" y se traducirá en el despido de todos los trabajadores. "La gravedad de la alternativa del Ministerio, que supone un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria, en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral", recoge el preaviso de huelga presentado por los sindicatos.

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el Gobierno protegerá "al máximo" los puestos de trabajo y los derechos laborales de los estibadores durante el proceso de liberalización del sector que el Ejecutivo debe acometer para dar cumplimiento a una sentencia europea. "No es por deseo político propio, sino porque la sentencia obliga a hacer esas modificaciones, que se van a realizar en los términos a los que nos obliga la Comisión Europea (CE) flexibilizado, eso sí, al máximo a favor de los trabajadores para garantizar por supuesto el trabajo de todas esas personas, el mantenimiento de sus derechos e incluso para asumir nosotros los pasivos laborales de los trabajadores, lo que supone también un incentivo para que las empresas de estiba puedan seguir contratando", ha insistido de la Serna.

Las exigencias de los estibadores

Más allá de recuperar las mesa de negociación, los estibadores exigen al ejecutivo que se cree un registro portuario de trabajadores para cuyo acceso se requiera una cualificación profesional espicífica para la estiba y la superación de pruebas de acceso, algo a lo que se ha negado la UE por activa y por pasiva. El nuevo real decreto impone otra serie de barreras de entrada mucho mas accesibles y que eliminar cualquier poder de los sindicatos sobre los trabajadores: titulación de Formación Profesional. A su vez, solicitan que las empresas estibadoras intervengan en las nuevas CPE (Centros Portuarios de Empleo), que gestionarán la mano de obra portuaria. Esto implica replicar parcialmente el modelo de las SAGEP prohibido por la UE. A su vez exige a la patronal Anesco que se comprometa a subrogar a todos los trabajadores portuarios que trabajan actualmente en la SAGEP y entes autonómicos con igual función.