Colombia pide el aval de PwC y Deloitte para su intervención de Electricaribe
- El Gobierno se prepara para la batalla en los tribunales
Tomás Díaz
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia ha pedido a PwC y a Deloitte que verifiquen la corrección de su actuación al frente de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa (GNF) en el país, que intervino el 15 de noviembre porque su situación de insolvencia -provocada por fraude e impagos blindados por la Ley- amenazaba con causar apagones a más de 2,5 millones de consumidores.
En sendas misivas, a las que ha tenido acceso elEconomista, la Superintendencia pide a las firmas que le informen si "han detectado alguna acción u omisión que pudiera haber reducido el valor de los activos de Electricaribe, atentando contra el adecuado funcionamiento de la compañía o afectando el curso normal del proceso de intervención".
A PwC, además, se le pide que especifique si los interventores han contravenido los estatutos sociales, si ha detectado alguna irregularidad, si la contabilidad ha sido adecuada y si no se han tomado medidas para conservar el valor de la firma.
La petición de conformidad a PwC y a Deloitte -que trabajaban para Electricaribe antes de la intervención- forma parte de una estrategia pensada para protegerse de las reclamaciones de GNF, que en diciembre pidió la devolución de la gestión de su subsidiaria y ya ha notificado al Gobierno colombiano su interés en ir a un arbitraje internacional para defender sus intereses.
La Superintendencia está lanzando además el mensaje de que la firma "salió de la crisis", gracias a su buena gestión, y está empezando a cortar la luz a clientes morosos a los que no se autorizó el corte en la etapa en que GNF aún controlaba la empresa.