Ángel Ron perderá sus 8 millones de pensión en el Popular durante 11 años si se va a otro banco

A Ángel Ron podría aguardarle un penúltimo contratiempo en su salida del Popular. En sus más de 30 años en la entidad -15 en la cúpula ejecutiva- ha consolidado un derecho de pensión de 8,2 millones de euros, pero el cobro estará sujeto a un severo condicionante: no podrá trabajar ni ser consejero en otra entidad financiera, salvo autorización expresa del consejo de administración.

Entrar en el consejo o en nómina de un rival, sea como directivo o empleado raso, anularía el abono hasta que cumpla los 65 años de edad ordinario de jubilación y eso, en la práctica, supondría para Ron, que este verano cumplirá 54 años, dejar de ingresar la prestación del banco durante 11 años.

El condicionante se ha introducido dentro de los cambios estatutarios que el consejo llevará a la próxima junta de accionistas convocada el 20 de febrero y que marcará el relevo en la presidencia, con el nombramiento de Emilio Saracho, exvicepresidente mundial de JP Morgan.

La modificación supone un endurecimiento al régimen de incompatibilidad habitual en los bancos, que impiden ser fichados por un competidor durante, normalmente, dos años, bajo riesgo de perder la hucha para la jubilación. Y afecta, por extensión, al exconsejero delegado, Francisco Gómez; y, obviamente, a los nuevos gestores.

La reforma estatutaria es amplia, en articulado y calado, para allanar, si no facilitar, la llegada de Saracho, y empoderar a la nueva cúpula en la etapa de inflexión clave que atraviesa el Popular y requiere agilizar la toma de decisiones. Para que suceda a Ron, el banco deberá eliminar de los estatutos la exigencia de que el presidente haya sido previamente consejero. En el caso del consejero delegado se requería ser director general, por lo que a Pedro Larena se le asignaron ambas responsabilidades al contratarle.

El fichaje de Saracho se hacía difícil además con la austera política retributiva del Popular, donde el bonus del presidente se alinea con la alta dirección y ni siquiera había reconocida una indemnización en caso de cese. Todas esas reglas serán, igualmente, remozadas.

De partida, Saracho cobrará un sueldo fijo este año de 1,28 millones de euros -1,5 millones si se anualiza, en línea con los 1,22 millones que percibió Ron en 2015 o los 1,54 millones de 2014-. A Larena le corresponderá un millón de euros, igualmente similar al sueldo fijo de su antecesor. Y el secretario del consejo o tercer directivo que conforma la ejecutiva, Francisco Aparicio, percibirá 650.000 euros. A Ángel Ron le corresponderán a su vez 152.776 euros por su labor hasta el cese el próximo 20 de febrero.

Ahora bien, se reformula la estrategia retributiva y, de entrada, estos ejecutivos pueden obtener indemnizaciones por cese equivalentes a un año de sueldo fijo, incentivos distintos a los establecidos para la alta dirección y, de manera excepcional, un pago por fichaje.

Este abono, cuya existencia e importe no se desvela, es habitual para atraer a reputados directivos y suelen ser altas sumas pagaderas una única vez. A estos conceptos se agrega un plan de retribución variable, susceptible de entregar a los tres ejecutivos un 0,24% del banco hasta el año 2023 -10 millones a su cotización actual-.

Entre las reformas desaparecerá también como órgano de gobierno la Asociación de Directivos del Banco, cuya filosofía y estrategia es defender la independencia del banco, en línea con la Sindicatura, principal accionista, con un 9,5% de su capital.