Philip Morris y JTI piden un alza fiscal para subir el precio de los cigarrillos
- 'Marlboro' y 'Winston' reclamarán elevar el impuesto mínimo para forzar aumentos al resto
- Altadis y BAT rechazan un cambio que suponga una ventaja competitiva para sus rivales
Javier Romera
La fiscalidad del tabaco ha provocado una batalla sin precedentes entre los fabricantes de cigarrillos en España. El sector se ha dividido entre Philip Morris y Japan Tobacco International (JTI) por un lado y Altadis y British American Tobacco (BAT) por el otro. Las dos primeras, que suman el 59 por ciento de la cuota en España, van a reclamar al nuevo Gobierno una subida del impuesto mínimo que grava a los cigarrillos para impedir que se puedan vender marcas demasiado baratas.
Su intención es forzar así a Altadis y a BAT, posicionadas en un segmento de precios más bajo, a subirlos, reduciendo de este modo el diferencial actual. Estas dos últimas compañías se niegan sin embargo a cualquier cambio de la fiscalidad que pudiera otorgar, en su opinión, una ventaja competitiva a sus rivales.
Philip Morris es propietaria de marcas como Marlboro, que se vende en los estancos a 4,85 euros o Chesterfield, que tiene un precio de 4,55 euros; mientras que JTI es la dueña de Camel y de Winston, que se vende a 4,55 y 4,45 euros, respectivamente. De este modo, están posicionadas en un segmento superior al que están vendiendo Altadis o BAT, que comercializan en cada caso Fortuna y Lucky Strike a un precio de 4,45, aunque con variantes que pueden situarse entre 4,1 y 4,2 euros.
Según los datos que maneja la industria, y a los que ha tenido acceso elEconomista, el 47 por ciento del negocio de Philip Morris viene de marcas que se distribuyen a más de 4,7 euros, frente al 4 por ciento de Altadis o el 2 por ciento de BAT. Es verdad que este segmento más caro sólo aporta el 1 por ciento del negocio de JTI, pero la compañía japonesa obtiene el 74 por ciento de sus ventas en las marcas localizadas en el segundo tramo más caro del mercado, entre 4,45 y 4,65 euros.
elEconomista se ha puesto en contacto con las cuatro compañías, pero la única que ha aceptado hacer declaraciones públicas ha sido Altadis, propiedad del grupo británico Imperial Brands. "Altadis considera que no es la industria quien ha de decidir el momento de abrir el debate y es muy respetuosa con los plazos que marque la Administración, que es al fin y al cabo quien define la política fiscal", asegura. La compañía admite, en este sentido, que es partidaria de una modificación "que sea neutral, es decir, que se lleve a cabo un cambio que no represente una ventaja competitiva alguna para ningún fabricante y que permita que los consumidores puedan seguir teniendo las mismas opciones de decisión en cuanto al precio al que compran sus marcas".
Philip Morris y Japan Tobacco consideran, en cambio, que es necesario una actualización del impuesto mínimo porque, de lo contrario, no pueden subir los precios, ya que aumentaría el diferencial entre unos y otros. Con estas subidas, aumentarían sus márgenes y, según defienden, se incrementarían también los ingresos fiscales del Estado.
La fiscalidad en España
En España hay actualmente varias tasas que gravan el precio del tabaco. Al margen del IVA, hay otras dos tasas más. Por un lado está el impuesto específico, de 0,48 euros por cajetilla, y por el otro, el ad valorem, que equivale al 51 por ciento del importe de venta. No obstante, para impedir que se puedan comercializar marcas a bajo precio se ha establecido también un sistema de doble impuesto mínimo.
Así, en la práctica, las marcas que vendan por debajo de 3,92 euros están obligadas a pagar al menos 2,76 euros y las que que lo hagan a menos de 4,1 euros deben abonar un mínimo de 2,57 euros. Son 128,65 ó 138 euros por cada 1.000 cigarrillos dependiendo de cada caso.
Es un sistema similar al que en 2005 adoptaron también Italia, Francia, Irlanda y Austria, pero que ahora está, sin embargo, en el aire. Una pequeña empresa tabaquera italiana, Yesmoke, denunció este sistema en un juzgado de su país, que planteó a su vez una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, cuya resolución no dejó lugar a dudas.
Cambio del modelo
Los Estados miembros de la Unión Europea deben cambiar el sistema de doble mínimo y fijar tan sólo uno. Esa es una tarea que ha quedado pendiente para el nuevo Gobierno, pero la cuestión está ahora en que dependiendo dónde se fije el umbral por debajo del cuál se paga este nuevo mínimo único, los precios pueden subir en mayor o menor medida. Para Philip Morris o Japan Tobacco International, el impuesto mínimo debería saltar a partir del 100 por ciento de lo que se conoce como el WAP (Precio Medio Ponderado, según sus siglas en inglés).
En la práctica, eso significaría que el mínimo no se aplicaría ya a partir de 4,1 euros, sino desde 4,4 euros, que es el WAP actualmente en España, lo que obligaría a las marcas más baratas a subir precios y les permitiría a ellos hacer lo mismo. Los precios del tabaco apenas han subido en los últimos años -tan sólo cinco céntimos en 2014 y otros cinco en 2015-, lo que ha posibilitado un considerable descenso del contrabando.
Según los últimos datos de la consultora Ipsos, correspondientes al cierre del primer semestre de este año, el contrabando de tabaco representa el 8,2 por ciento del mercado de cigarrillos. Este porcentaje supone un descenso de 2,4 puntos en comparación al dato de hace un año, que era del 10,6 por ciento, y de 4,3 puntos al de finales de 2014, momento en el que el contrabando de tabaco alcanzaba el porcentaje más elevado de los últimos años, exactamente un 12,5 por ciento del mercado. La caída coincide con la estabilidad en los precios y el hecho de que no se haya subido la carga fiscal.