Los investigados por Bankia y Abengoa, ante un mes clave para su futuro

Las antiguas cúpulas de Bankia y Abengoa, investigadas en sendos casos por presuntas irregularidades cometidas en el seno de estas compañías, se enfrentan a un mes clave en su futuro, coincidiendo con el arranque de un nuevo curso en la Audiencia Nacional.

Aunque julio ha sido especialmente activo para ambas causas, las partes continúan pendientes de saber si las pruebas aportadas hasta la fecha bastan para procesar a los investigados o si, por el contrario, descartan cualquier tipo de hecho delictivo.

Previsiblemente, la instrucción del caso Bankia, que investiga desde 2012 a más de una treintena de personas, entre ellas su expresidente Rodrigo Rato, por el supuesto fraude de la salida a bolsa de la entidad, será la primera en concluir.

Al menos esa es la voluntad del juez competente, Fernando Andreu, que ya anticipó su intención de poner fin a unas pesquisas muy avanzadas que afectan tanto a antiguos directivos del banco como a los encargados de la auditoría externa, la firma Deloitte y su socio Francisco Celma.

Acusación popular

En abril, la Fiscalía accedió a las pretensiones de la acusación popular que, tras dos tentativas fallidas, solicitó la imputación de los auditores por haber validado los polémicos estados contables que sirvieron para el debut bursátil de julio de 2011.

La defensa de Celma alega que los trabajos se ajustaron "escrupulosamente" a la normativa y que como "es habitual" -más en este caso por "su complejidad y novedad"- se desarrollaron "en estrecha y directa coordinación con el Banco de España".

El auditor contradice a los peritos asignados por el Banco de España a petición del juez, que sostienen que los estados de Bankia eran "fraudulentos".

Además, se desmarca de los hechos y acude a la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la elaboración y presentación de las cuentas anuales es competencia "exclusiva" de los administradores y no del auditor, que debe sólo verificarlas, y niega la existencia de un "concierto entre reguladores" que habría facilitado la supuesta falsedad contable y consiguiente estafa al inversor.

Felipe Benjumea y Sánchez-Ortega

En situación similar se encuentra Abengoa, cuyo expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez-Ortega, son investigados por las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones recibidas tras cesar de sus cargos poco antes de que la energética declarase el preconcurso de acreedores.

La acusación particular les achaca un presunto delito de administración desleal, castigado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Un supuesto agravado para Sánchez Ortega, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de la compañía se hundiesen en bolsa.

Las últimas pruebas solicitadas por la acusación de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa se centran en esclarecer este hecho, por lo que ha solicitado a la titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, documentación al respecto.

Blackrock, en el punto de mira

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, pide a la instructora que requiera detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016.

Asimismo solicita los informes realizados por la auditora KPMG a petición de los acreedores financieros de la multinacional sevillana, para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de Benjumea y Sánchez Ortega en septiembre de 2015.

Y es que el máximo responsable del Santander España, Rodrigo Echenique, habría reconocido en su declaración como testigo que ya en agosto "existía preocupación por la situación financiera" de Abengoa, cuyas cuentas "no otorgaban credibilidad" al banco, también acreedor de la firma, cita el documento.

A la espera de las últimas diligencias acordadas por los instructores, lo cierto es que estarían cerca de decretar el paso a procedimiento abreviado, lo que supondría un cambio en la situación de los por ahora investigados.

Dicho procesamiento desbloquearía la posibilidad de un futuro juicio oral, aunque éste sólo se abrirá una vez que las partes, incluido el Ministerio Fiscal, formulen sus escritos de acusación y defensa.