Airbnb permite el alquiler de pisos sin tributar y sin licencia turística

La plataforma de alquiler de apartamentos turísticos Airbnb vuelve a estar en el centro de la polémica en un contexto de récords para el turismo español y tras conocerse la ingeniería fiscal que practica desviando ingresos a Irlanda, tal y como informó ayer elEconomista.

Después de los reiterados avisos por parte de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, exigiendo a los portales Airbnb y HomeAway que retiraran todos los anuncios de pisos que no estuvieran regulados, el problema sigue enquistado. La web norteamericana sigue ofreciendo la posibilidad al usuario tanto de arrendar una vivienda como de poner en alquiler la propia, sin ningún tipo de impedimento ni control legal para garantizar que se tributa por esos beneficios, al no reclamar a los propietarios la pertinente licencia turística.

Este permiso es absolutamente obligatorio en comunidades como Cataluña, donde existe una ley que regula los apartamentos turísticos desde el año 2010. A pesar de ello, este periódico ha podido publicar, por ejemplo, sin ningún tipo de obstáculo un anuncio de un inmueble sin tener que dar prueba alguna de licencia turística ni acreditar siquiera su existencia.

Ante los hechos contrastados, ningún portavoz de Airbnb ha querido valorar los incumplimientos a las demandas de la administración. En referencia al pago de impuestos, Airbnb siempre ha defendido que "comunica al usuario que debe pagar sus impuestos, y cuando llega el momento de pagar la renta, le envía resumen para que haga ese trámite". Pero fuentes del Ayuntamiento de Barcelona matizan que simplemente "lo notifican en la web, no ejercen control alguno". De hecho, existe la sospecha en el sector de que no son sólo particulares, sino que hay empresas que se lucran con este limbo legal, ya que en Barcelona, la ciudad con más pisos -un total de 14.855- más de la mitad de los usuarios tiene más de un anuncio.

Modernizar la ley

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, incide en que hay que obligar a que "quien alquila la vivienda tribute sus beneficios, así como la plataforma, que también debe hacerlo cuando opere aquí, algo que es evidente teniendo el inmueble físico en España".

Esto se conseguiría, "exigiendo más información a los propietarios y cruzando datos de suministro", según De la Torre. Una de las soluciones que propone es que la plataforma facilitase un formulario "de la propia Agencia Tributaria". No obstante, asume que "las leyes hay que modernizarlas para que todo el mundo cumpla".

La patronal de los apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur), defiende que "todas las cadenas sean o no nacionales y conozcan o desconozcan la legislación, deben cumplir con ella" e insiste en que hay que incrementar las inspecciones para evitar el fraude. Además, ponen sobre la mesa que para solucionar el problema en Barcelona no hay que restringir la apertura de más pisos turísticos (como recoge el último plan de la alcaldesa Ada Colau), sino "adoptar medidas que permitan un crecimiento ordenado y sostenible para que no haya un desfase entre la oferta legal y la demanda real".

Desregulación

Por su lado, el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Ramón Llull, Ricard Santomà, cree que "el sector turístico online es el presente y futuro, por lo que hay que adaptarse, también la legislación". Siempre, subraya, "garantizando que esta desregulación actual se subsane". Prueba de ello es que Airbnb ya es la cuarta hotelera en número de camas por noche en el mundo.

Lo que la ley deja claro ahora es que para alquilar la vivienda es obligatorio tributar por los ingresos percibidos en la declaración de la renta como rendimientos de capital inmobiliario. Además de cobrar el IVA (Airbnb sí lo hace) y para competir en igualdad de condiciones, deberían darse de alta en Hacienda en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Estos gastos pueden desgravarse después, siempre en referencia al tiempo en el que el inmueble ha estado alquilado.

Tras lo ocurrido en Barcelona, con una amenaza de multa de hasta 600.000 euros y el cierre de 200 pisos, ayer fue también el Ayuntamiento de Valencia el que también tomó medidas.

El Consistorio quiere llevar a cabo junto a la Agencia Valenciana de Turisme una campaña de concienciación para incentivar la prestación de un servicio de calidad en los apartamentos turísticos, en la que se pondrá informadores en las calles para detectar situaciones de irregularidad en los registros y concienciar a aquellos que no lo estén.