Airbnb gestiona 35.000 pisos y paga en impuestos sólo 81.000 euros en España

Airbnb, la web de alquiler de pisos a la que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, amenaza con una multa de hasta 600.000 euros, apenas paga impuestos en España. La empresa gestiona más de de 35.000 viviendas de alquiler para turistas en el país -14.855 en Barcelona, en Mallorca 11.272, en Madrid 7.446 y el resto en otros lugares-, pero según las últimas cuentas anuales de su filial, declaró un beneficio bruto en el ejercicio 2015 de únicamente 189.210 euros y pagó a la Agencia Tributaria únicamente 81.285 euros por el impuesto de sociedades. En los últimos tres años, de hecho, y pese al gran volumen de negocio que mueve, apenas ha pagado 204.000 euros al fisco.

La razón está en que la empresa filial que tiene operativa en España -Airbnb Marketing Services- se dedica únicamente a prestar servicios de marketing y publicidad y los ingresos que declara son, por lo tanto, muy limitados. En el último año de tan sólo 2,62 millones de euros. Aunque Airbnb declinó ayer hacer valoraciones oficiales, fuentes próximas a la firma si que admitieron que toda la operativa está en Irlanda.

De hecho, en las cuentas de la propia sociedad, que acaba de publicar en el Registro Mercantil de Barcelona, se admite que la totalidad de los ingresos de la filial española corresponden a una transacción realizada con Airbnb Ireland. Eso, al margen de una deuda que tiene también contraída con Airbnb Inc, su matriz estadounidense, con sede en San Francisco (California) y propietaria de la totalidad de las acciones.

Valorada en 26.890 millones

La plataforma online que permite a sus usuarios alquilar apartamentos a corto plazo y que ha suscitado polémicas no sólo en Barcelona sino también en otras muchas ciudades del mundo, mantiene actualmente negociaciones encaminadas a recibir una nueva inyección de capital, que según adelantaba el pasado mes de junio el diario New York Times implicaría valorar la empresa en 30.000 millones de dólares, (unos 26.890 millones de euros al cambio actual).

De cumplirse estas expectativas, esto implicaría triplicar su precio en el mercado privado con respecto a las últimas valoraciones hechas hace sólo un par de años.

Las cuentas de la filial española, que están firmadas por Joseph Nicholas Gebbia en calidad de administrador solidario, reflejan sin embargo, que su patrimonio neto alcanza un valor de tan sólo 388.351 euros.

La sociedad se constituyó en julio de 2011 bajo la denominación de Airbnb Online Services. No obstante, en enero del pasado año, la matriz decidió cambiar su nombre "con la finalidad de evitar generar confusión en el mercado en relación con el objeto social y actividad de la compañía, que no está relacionada con la gestión de plataformas ni con la prestación de servicios online, sino, única y exclusivamente, con la prestación de servicios de marketing y análisis de mercados".

Esta denominación dista bastante de la actividad que la plataforma dice hacer por activa y por pasiva, que no es otra que lo que se conoce como home sharing. Es decir, operar como intermediario entre particulares para compartir una vivienda, al más puro estilo BlaBlaCar. Sin embargo, todos los actores del sector consultados por este periódico no opinan igual, y acusan a Airbnb de "competencia desleal".

Competencia desleal

Mientras Airbnb se ha autoproclamado en diversas ocasiones como "parte de la solución", ya que asegura que "contribuye a que viajeros y beneficios se distribuyan más allá de los puntos de interés turístico", sus competidores discrepan.

Una portavoz de la patronal de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) desvela que ante los problemas acaecidos tanto con los hoteles y apartamentos que sí están regulados como con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, Airbnb siempre alega que "no puede conocer la regulación de cada municipio o territorio en el que está".

El principal problema es que Airbnb usa como subterfugio pisos de particulares que carecen de licencia turística y que no están regulados por el sector, cuando la competencia sí lo está. Lo anfitriones de Airbnb animan a "sabotear" al Ayuntamiento de Barcelona con falsas denuncias.

Pero aunque la economía colaborativa busca que el beneficio sea para todos, Airbnb cobra una comisión al arrendado y al arrendatario de entre un 6% y un 13%. El decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Ramon Llull, Ricard Santomà, explica que quien tiene que actuar es "la Unión Europea, que permite que las compañías paguen menos yendo a Irlanda". Santomà señala que tendría que haber "una legislación online para que las empresas tributen donde prestan el servicio". Aunque la anomalía en el caso de Airbnb "es añadida", recuerda, ya que "no exigen licencia turística, con lo que se aprovecha de la desregulación del sector y no siguen los principios de la economía colaborativa, sino el lucro sin ningún tipo de control".