La Comunidad de Madrid recurre la anulación del proyecto Castellana Norte

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 25 de mayo que anuló la operación Distrito Castellana Norte (DCN), la denominada 'Operación Chamartín', para sustituirlo por su proyecto 'Madrid Puerta Norte'.

El recurso se presenta "a requerimiento de los servicios jurídicos, al entender que se estaba produciendo perjuicio patrimonial a todos los madrileños", según ha informado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha detallado que con esta iniciativa el Ejecutivo regional "quiere proteger los intereses de los madrileños ante la retirada de un proyecto" que, a su juicio, "no ha sido consensuado por ninguna de las administraciones implicadas" y "reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo" que se podrían crear.

Con esta decisión, el Ejecutivo de Cifuentes sigue la estela de la promotora del proyecto DCN, que recurrió esta misma semana la decisión del pleno del Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena.

A este respecto, ha indicado que tanto el Ministerio como DCN y ellos han coincidido en la presentación de iniciativas contra la decisión municipal, pero ha destacado que son "diferentes" por sus motivaciones. Fomento y la Comunidad, ha indicado, lo que hacen es "defender el interés general" al margen de los intereses de la empresa.

"No se trata de plantear un pleito de administraciones contra el Ayuntamiento porque sí, sino que los servicios jurídicos entienden que hay un perjuicio patrimonial para todos los madrileños. No nos planteamos iniciativas conjuntas", ha continuado para insistir en que se ha anulado "un acuerdo válido sin cumplir los requerimientos legales, sin haber negociado con las partes, haber avisado y de manera unilateral".

"No hemos planteado ninguna actuación judicial conjunta aunque es verdad que van contra lo mismo: la decisión unilateral y arbitraria del Ayuntamiento de echar por tierra una operación consensuada por diferentes administraciones", ha señalado.

Autonomía municipal

Cifuenntes ha considerado que "en absoluto" el recurso es un atentado contra la autonomía municipal, sino un derecho que les asiste. "Respetamos la autonomía municipal, pero tenemos derecho y la ley asiste poder acudir a tribunales", ha apuntado para añadir que lo hacen "de manera muy legítima" porque están "defendiendo el interés general de los madrileños".

"Queremos que sean los tribunales, el TSJM, quien ponga luz sobre el asunto y determine si la decisión del Ayuntamiento es conforme", ha afirmado y ha asegurado que "no es una cuestión de enfrentamiento entre administraciones. En este punto, ha destacado su "buena voluntad" y ha apuntado que más allá de las diferencias ideológicas tiene que llegar a acuerdos y "avanzar juntos en determinadas materias".

Cifuentes ha esperado que este recurso no enrarezca la relación con el Consistorio, ha asegurado que "no es un asunto personal", sino una cuestión de posicionamiento y van a seguir trabajando para entenderse y poder llegar a acuerdos.

De manera unilateral

El recurso de la Comunidad argumenta que la renuncia del Ayuntamiento de Madrid a continuar con la tramitación del Convenio urbanístico de gestión y ejecución del ámbito 'Prolongación de la Castellana' ha "prescindido del procedimiento legalmente establecido y conculca los principios de buena fe y confianza legítima entre las administraciones públicas".

A su juicio, la renuncia "se ha hecho de forma unilateral, sin dar audiencia al resto de los firmantes y sin aducir motivos legales que impidan llevar a cabo el convenio que posibilitaba la puesta en marcha de esta operación".

El recurso dice que que "pese a la negativa unilateral del Ayuntamiento a negociar un nuevo convenio que permitiría desarrollar el Plan Parcial, existe un convenio firmado el 10 de noviembre de 2011 entre todas las administraciones que sigue vigente y por tanto también las condiciones que en él se recogen, entre ellas la obligación del Ayuntamiento de aprobar dicho Plan Parcial".

La Comunidad de Madrid también subraya la "interpretación interesada de la Ley del Suelo que hace el Consistorio para anular el desarrollo de la operación" y recuerda que "el Ayuntamiento de la capital, aún teniendo la potestad de planeamiento, no puede adoptar acuerdos sin motivación suficiente porque podría incurrir en una desviación de poder".