ACS quiere vender a Murcia la planta de Escombreras tras la investigación
- La firma exige 160 millones por la desaladora, pero la auditora la tasa en 125
Eva Díaz, Agencias
Los directivos de ACS confirmaron ayer su intención de venderle al Gobierno de Murcia (PP) la desaladora de Escombreras, tras su intervención en la comisión que investiga en la Asamblea la construcción de la planta. Concretamente, acudieron a la comparecencia secreta el director financiero de ACS, Cristóbal González, junto a Miguel Caballero y Eugenio Lorente, directivos de Hydro Management, firma de la constructora.
La compañía presidida por Florentino Pérez reclamaría al Ejecutivo murciano entre 160 y 170 millones por la desaladora, según el diario regional La Verdad. ACS exigiría así un precio superior al valor de la planta, que según la auditora de las cuentas de la desaladora de 2013, último ejercicio presentado, estaría tasada en los 125 millones.
Pago de los créditos
La compañía reclama al Gobierno, no sólo el coste de las instalaciones, sino también que asuma el pago de los créditos que solicitó para realizar las obras. El diputado socialista de Murcia, Jesús Navarro, aseguró ayer que la desaladora "es un problema para ACS que está deseando quitarse".
Con estas negociaciones, la constructora rebajaría bastante su pretensión inicial. ACS firmó en 2009 un contrato con el Gobierno de Murcia, presidido entonces por Ramón Luis Valcárcel, por 500 millones para la construcción y gestión de la planta. El Ejecutivo debía pagar esta cantidad hasta 2034.
El acuerdo iba acompañado por una cláusula indemnizatoria por la que la Administración autonómica debía pagar 559 millones a ACS si rescindía el contrato. Sin embargo, los problemas llegaron cuando el Gobierno murciano incumplió los pagos y la compañía le reclamó 600 millones.
Sospecha de corrupción
Concretamente, la firma exigió 400 millones por la construcción de la planta y 200 por lucro cesante, según recoge la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de Murcia el abogado Diego de Ramón por presunta corrupción en la gestión de la planta. La Policía registró en mayo la desaladora por orden judicial. La magistrada que instruye el caso, y que ha declarado secretas las actuaciones, ordenó buscar pruebas para conocer si la gestión de la planta perjudicó al erario úblico.