Faltan profesionales para hacer auditorías energéticas y el plazo acaba el 14 de noviembre

El próximo 14 de noviembre vence el plazo para que más de 3.700 grandes organizaciones hayan realizado una auditoría energética en sus inmuebles, pero en el mercado faltan buenos profesionales. No hacer las auditorías, o falsificarlas, conlleva una multa que puede ascender a 60.000 euros. Su coste habitualmente oscila entre los 3.000 y los 19.000 euros.

El Real Decreto 56/2016, publicado el pasado 13 de febrero, establece un plazo de nueve meses para que las grandes empresas se sometan a una auditoría energética que finaliza el próximo 14 de noviembre.

La normativa europea, la Directiva 2012/27/UE, también hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, pero el decreto, que la traspone parcialmente, sólo impone la obligación a las entidades que facturen más de 50 millones o tengan una plantilla superior a las 250 personas: han de auditar los locales que consuman el 85 por ciento de sus necesidades de energía en el país. Según los cálculos del Gobierno, hay que auditar más de 23.400 establecimientos.

El retraso en publicar el citado decreto -la Directiva establecía como límite para superar las auditorías el pasado 5 de diciembre- ha frenado la oferta de formación específica y ahora, que se va a contrarreloj para cumplir con los apretados plazos, resulta que no abundan los buenos profesionales. Y tampoco es que la normativa los exija.

Exigencias laxas

En otros países europeos, como Alemania, se precisa que estos auditores tengan formación específica y hasta 10 años de experiencia, pero el decreto establece unos criterios mucho más laxos: basta con una titulación universitaria con conocimientos básicos en la materia -un arquitecto sin especialización puede firmarlas-, haber superado un curso de formación profesional o de otro tipo que incluya las auditorías, o disponer de experiencia laboral acreditada al respecto. El resultado es que es fácil encontrar personal habilitado, pero no realmente cualificado.

El mercado de las auditorías energéticas está en ebullición desde la publicación del decreto. Ahora bien, muchas empresas lo consideran un mero trámite, y la fuerte demanda para hacer auditorías aún no ha tenido un impacto equivalente en la demanda de actuaciones derivadas de ellas para ahorrar energía.

Con la falta de profesionales y esta insólita actitud empresarial -los ahorros con actuaciones sencillas se sitúan rápidamente en el entorno del 25 por ciento y los plazos de retorno son inferiores a cinco años- se corre el riesgo de que los beneficios obtenidos sean muy inferiores a los esperados.

Especificación de Aenor

Para facilitar las cosas y dar seguridad a las empresas que deben adentrarse en el mundo de la eficiencia energética, cuatro patronales sectoriales, AMI, A3E, Atecyr y Adhac, han preparado con Aenor una especificación técnica (EA 0055) que clasifica a los proveedores de servicios energéticos según su actividad: de auditoría y consultoría; de explotación de las instalaciones; y de inversión, relativa a las empresas de servicios energéticos. Otra patronal sectorial, Anese, cuenta con una certificación propia.

Una jornada celebrada ayer por Aenor analizó con detalle la especificación, así como otros aspectos del sector.