Los países están listos para frenar el cambio climático

La semana pasada se reunieron en Nueva York los representantes de 171 países para rubricar el Acuerdo de París, alcanzado el pasado mes de diciembre, para frenar el calentamiento global. Todo han sido felicitaciones y buenas palabras, pero detrás de tanta fanfarria subyace una pregunta clave: ¿hasta qué punto son creíbles los 187 planes para reducir las emisiones de CO2 -INDC, por sus siglas en inglés- presentados por los signatarios?

El Acuerdo es legalmente vinculante, pero no los INDC, que dependen de la voluntad de los estados. Éstos se han obligado a rendir cuentas cada cinco años y a presentar objetivos cada vez más ambiciosos; también está previsto un Comité de Cumplimiento que diseñe un mecanismo transparente para mostrar al mundo cuáles actúan y cuáles no, pero nada más: no hay ningún tipo de mecanismo sancionador.

El Acuerdo entrará en vigor en el momento en que lo hayan firmado 55 países que sumen más del 55 por ciento de las emisiones totales, pero después los INDC tienen que trasladarse al ordenamiento jurídico interno de las naciones, que deberán respaldarlos con medidas concretas para que dejen de ser algo más que buenos deseos.

La Agencia Internacional de la Energía ha calculado que los INDC exigirán una inversión de unos 12 billones de euros en tecnologías limpias, alrededor del 40 por ciento de toda la inversión prevista en energía entre 2015 y 2030. Para atraer ese fabuloso volumen de capital, para que funcione el sistema de verificación basado en la vergüenza y para que haya una ambición creciente -indispensable si las emisiones de CO2 han de llegar a ser neutras- hacen falta confianza y una implementación creíble de las intenciones de los gobiernos. Ahora bien, ¿cómo de creíbles son ahora los INDC?

Preparación institucional

Para responder a esa pregunta, el Grantham Research Institute y el Centre for Climate Change Economics and Policy han publicado el informe Más allá de los objetivos: evaluando la credibilidad política de los compromisos para el Acuerdo de París. La credibilidad, en este caso, se entiende como la probabilidad de que pongan en práctica sus promesas.

El documento, buscando elementos objetivos para evaluar dicha credibilidad, analiza las condiciones y los entramados institucionales relacionados con el cambio climático de los países ricos que integran el G-20 -incluyendo a la UE en su conjunto-, al entender que son los más preparados para afrontar el reto y que, además, tendrán que ser el motor de la transformación global; de hecho, se han comprometido a aportar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para ayudar a los países pobres a alcanzar sus objetivos y de ellos depende que haya una dinámica de confianza mutua que permita avanzar satisfactoriamente.

Bajo todo ello, afortunadamente, subyace la asunción de que los costes políticos y económicos de no actuar serán muy superiores que si hay un esfuerzo real por frenar el calentamiento global, de modo que, a priori, las carencias detectadas por el documento deberían ser subsanadas con rapidez.

Tras analizar ocho grandes áreas, el informe concentra en tres indicadores la credibilidad de las potencias: una legislación y una política coherentes, unos procesos decisorios transparentes y difíciles de revertir, y la existencia de organismos públicos dedicados a la materia.

Razonablemente bueno

Obviando factores imponderables, como los líderes carismáticos capaces de movilizar a la sociedad, el grado de credibilidad de los países del G-20 es razonablemente bueno, aunque hay grandes diferencias en los distintos indicadores.

Casi todos los INDC están respaldados por normas y procedimientos, aunque sólo un 15 por ciento son plenamente favorables; alrededor del 60 por ciento depende de agentes y organizaciones capaces, pero sólo el 20 ciento son realmente firmes; únicamente una tercera parte está respaldado por la opinión pública y sólo un cinco por ciento arrastran comportamientos pasados que no contribuyen en absoluto a la credibilidad, como la aplicación de retroactividad.

Los principales borrones se encuentran en la toma de decisiones y en la existencia de organismos públicos especializados; en el primer caso presentan lagunas países tan importantes como EEUU, Australia o Japón; en el segundo, en sentido estricto, sólo la UE dispone de un organismo plenamente dedicado a la materia -la Comisaría dirigida por Miguel Arias Cañete-, aunque todos los países la abordan con algún departamento ministerial.

Las potencias cuyos enfoques resultan más creíbles son la UE y algunos de sus miembros -Francia, Alemania, Italia y Reino Unido-, que son democracias avanzadas con décadas de liderazgo en la lucha contra el calentamiento gracias a sistemas de precios al carbono, fiscalidad específica y otras medidas, así como Corea del Sur.

Los países con una mayoría de indicadores moderados, pero con grandes debilidades en algunos aspectos, son Australia, Brasil, Japón, México, Rusia, Turquía, Sudáfrica y EEUU. Unos fallan en el desarrollo de legislación, otros en la facilidad con que pueden revertirse sus políticas, otros en disponer de precios para el carbono, otros en la calidad de los agentes implicados, etc.

Finalmente, los que tienen que recorrer un trecho importante para generar confianza son Argentina, Canadá, China, India, Indonesia y Arabia Saudí. Mejorarían mucho si, por ejemplo, eliminasen medidas que reman diametralmente en contra, como los subsidios a los combustibles fósiles.