El presidente de Afinsa culpa a Hacienda del 'crack' de la filatélica

El juicio contra la cúpula de Afinsa por estafa arranca nueve años y medio después y señalando a Hacienda. El presidente del consejo de administración de la filatélica, Juan Antonio Cano Cuevas, responsabilizó ayer a la inspección que realizó la Agencia Tributaria en 2006, año de la quiebra de la filatélica.

Cano Cuevas, uno de los 14 directivos imputados por estafar 1.900 millones de euros a 190.000 personas, aseguró que la firma "era solvente para cumplir las garantías con los clientes", pero su actividad se detuvo porque la inspectora de Hacienda les acusó de fraude masivo de ahorro público. Él, sin embargo, aseguró que los clientes no les entregaban sus fondos, sino que compraban un producto. El cabeza de la sociedad reseñó que la responsable de la Agencia Tributaria "llegó con el prejuicio" de que aquello "era un Gescartera".

El informe de la inspección dio inicio al proceso judicial que conllevó la declaración de concurso, aunque el directivo defiende que "la empresa era perfectamente solvente el día de la intervención".

Estafa piramidal

Los responsables de la firma están acusados de cometer una estafa piramidal, método que consiste en pagar beneficios a los antiguos clientes con el dinero desembolsado por los nuevos clientes captados, sin que nunca haya una solvencia real detrás de la compañía. La filatélica vendía sellos bajo la promesa de una alta revalorización, asegurando que, pasado el tiempo, Afinsa se encargaría de recomprar los sellos o de vendérselos a terceros.

La investigación del caso considera que la firma no tenía dichos sellos, no eran reales o estaban sobrevalorados. El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzán, resumió ayer el caso de una forma muy sencilla: "Es como si vendemos un inmueble de 50.000 euros a 400.000 euros con la garantía de que dentro de diez años te lo vamos a comprar".

Cano Cuevas, sereno durante las cuatro horas que duró su declaración ante la Audiencia Nacional, reveló que había contratos en los que los clientes no conocían el valor real de cada sello, puesto que lo que compraban eran lotes. Añadió que, en determinados acuerdos, no se identificaban los lotes que adquirían los clientes, porque la aceptación del producto era posterior.

Piden 19 años de cárcel

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), en calidad de acusación popular, se une a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y pide a la Audiencia Nacional que aplique la máxima condena a los responsables de la estafa, que consiste en 19 años de cárcel. Los imputados están acusados de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública. El juicio prevé 11 vistas que se alargarán hasta el próximo mes de enero.