La aprobación del Plan Estatal de Residuos es inminente

La aprobación del Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022 (Pemar), que establece la estrategia del país en la materia para los próximos seis años, es inminente. Ayer lo analizó la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de modo que podría ser aprobado por el Consejo de Ministros el próximo viernes. Fuentes del Ministerio de Agricultura indican que, a mucho tardar, verá la luz en dos semanas.

La última versión del documento incluye varios elementos nuevos. Cabe destacar que traslada la obligación de cumplir los numerosos objetivos europeos a las comunidades autónomas, que ejercen la inmensa mayoría de las competencias sobre residuos. Eso sí, se contemplan mecanismos de flexibilidad para atender sus particularidades; en Canarias, por ejemplo, es mucho más difícil y caro alcanzar los objetivos.

También se prevén mecanismos para que las comunidades autónomas tengan más fácil ejercer sus competencias, como sancionar comportamientos inapropiados de los sistemas integrados de gestión. Adicionalmente, los planes autonómicos podrán implicar a las entidades locales.

Modificaciones

La Comisión Europea ha supervisado el Pemar -disponer de él es un requisito para acceder a los fondos de cohesión- y ha introducido modificaciones, como la obligación de que las comunidades autónomas adapten sus propios objetivos y estrategias de residuos al contenido del documento, con especial atención a los biorresiduos.

Bruselas también ha pedido que se incremente la vigilancia y el control, así como la coordinación de las administraciones. Para ello ya se ha consensuado con las autonomías la creación de un registro de producción y gestión de residuos.

La necesidad de reducir el volumen de basura doméstica que acaba en el vertedero, alrededor del 60%, ha hecho que el Pemar se vuelque en la separación en origen de los desechos: su previsión es que se triplique hasta alcanzar los nueve millones de toneladas anuales.

Otra de las aspiraciones relevantes es la armonización de las tasas e instrumentos económicos en todo el territorio nacional para evitar distorsiones del mercado.