Ucrania y Rusia causan un fraude de 4.800 millones en el CO2

Hay unos 600 millones de toneladas de CO2 ficticias por culpa de proyectos fraudulentos ejecutados en Rusia y Ucrania.

El Protocolo de Kioto creó varios mecanismos de flexibilidad, gestionados por la ONU, para que los países signatarios pudieran cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de CO2. Uno de ellos, denominado Mecanismo de Aplicación Conjunta, permite que un país con la obligación de reducir sus emisiones se anote las reducciones obtenidas con proyectos limpios en otro país también obligado por el Protocolo. Bajo este sistema se han facilitado, hasta el pasado mes de marzo, 872 millones de derechos para emitir una tonelada de CO2.

Ahora bien, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo ha desvelado que un 80 por ciento de los proyectos ejecutados con este sistema entre 2008 y 2012 no reunían las condiciones suficientes para efectivamente reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Como resultado, se han obtenido derechos para emitir unos 600 millones de toneladas de CO2 de forma fraudulenta, por la falta de control sobre los proyectos. De esa cantidad, unos 400 millones han entrado a formar parte del mercado europeo de derechos de emisión. Si les asignamos el precio actual de la tonelada de CO2 en el mercado europeo, alrededor de ocho euros, el impacto económico global rondaría los 4.800 millones de euros y sólo en la UE sería de 3.200 millones.

Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia son los países con más proyectos acogidos al Mecanismo, 439, que acaparan el 94 por ciento del CO2 asociado, unos 800 millones de toneladas. El análisis del Instituto desvela que la conformidad de los proyectos en Alemania es del 97 por ciento y del 70 por ciento en Polonia, mientras que no cumplen los requisitos mínimos el 80 por ciento de los proyectos en Ucrania y Rusia. La mayoría de estos proyectos son de eficiencia energética en la industria y en el propio sector energético, pero también los hay para reducir las emisiones de gases muy contaminantes.

Falta de control

Los estados tienen dos vías para asignar los proyectos al Mecanismo. Una requiere la supervisión de un Comité de la ONU y la otro no; además, en esta segunda, los estados tienen mucho margen para establecer las reglas de autorización y asignación de CO2. Pues bien, hasta la fecha, el 97 por ciento de todo el CO2 teóricamente reducido gracias al sistema lo ha sido por esta segunda vía, mucho más opaca. Han sido entidades certificadoras independientes, elegidas por los propios estados, las que han dado el marchamo de validez a los proyectos inscritos en la ONU por esta segunda vía.

El informe apunta directamente a la empresa Bureau Veritas como culpable de no haber hecho bien su trabajo. Elegida para supervisar el 56 por ciento de todos los proyectos -generadores del 78 por ciento de los derechos de CO2-, en dos de cada tres casos se incluían cosas imposibles, frente a uno de cada 10 en el resto de certificadoras contratadas.