El Estado de México advierte a Villar Mir que puede perder su concesión

OHL se arriesga a quedarse en México sin uno de sus contratos estrella por el presunto caso de corrupción destapado por las grabaciones ilegales que la semana pasada desvelaron un caso de supuestas malas prácticas en la subida del peaje del Viaduto Elevado Bicentenario, una autopista construida por la compañía en México DF.

Luz María Zarza, secretaria de la consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, ha confirmado, en este sentido que tras la auditoría que ha solicitado la autoridad local, si se demuestra que ha habido un intento de soborno a funcionarios públicos o corrupción, habrá un catálogo de sanciones que deberá ser aplicado a OHL.

Y entre ellas se encuentra la revocación de la concesión del Viaducto Bicentenario, que se adjudicó a OHL en 2008 con un presupuesto de 583 millones de euros. La filial de la constructora tiene la concesión de para explotar la vía hasta 2038 y en el primer trimestre de 2015 ingresó 8,9 millones de euros en peajes, un 37,8 por ciento más. Zarza insistió, no obstante, en que todo dependerá de los resultados de la investigación que se llevará a cabo por la Secretaría de la Contraloría. La secretaria de la asesora jurídica indicó que, dependiendo de ello, podría haber también desde multas, suspensiones e inhabilitaciones ante instancias penales.

En cualquier caso, y a la espera de cómo evolucione la investigación en marcha, el Estado de México ha anunciado ya la suspensión indefinida de cualquier incremento de las tarifas de la concesión de Viaducto Bicentenario, hasta que la filial en el país del grupo que preside Juan Miguel Villar Mir aclare si cumple efectivamente con los términos del contrato público. En este punto, OHL ha incrementado el ingreso medio vehículo un 91 por ciento es esa autopista en apenas tres años.

A la investigación aprobada por el Estado de México, que ha contratado a la consultora PWC para que audite las concesiones, se ha sumado el Gobierno Federal. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal, aseguró que "se sumaba al gobernador Eruviel de que si hay alguna duda en una concesión o en dos o en tres o en las que sean, se auditen, a efecto de que refleje si hubo un problema, una cuestión indebida o engaño". Además del Estado de México, el regulador financiero (CBNV) visitó ayer la sede de OHL en México en el marco de su investigación.

Salidas de segundo nivel

OHL México, que también ha puesto en marcha una investigación interna y ha redoblado la transparecia, está tratando mientras tanto de lavar su imagen y despurar responsabilidades tras verse salpicada por el escándalo, aunque responsabilizando, por ahora, a directivos de segundo nivel. Así, el pasado martes, el consejo de la filial de la constructora española se reunió de forma extraordinaria para aprobar, entre otras cosas, la salida de Pablo Wallentine como directivo de la compañía tras conocerse que se había ofrecido a pagar las vacaciones de Navidad al secretario de Comunicación del Estado de México, Apolinar Mena, tal y como consta en alguna de las grabaciones difundidas y como admitió el propio político.

Plan de infraestructuras

El riesgo para OHL, más allá de que pueda perder o no la concesión, según ha advertido la agencia de calificación Moody's es, además, que puede quedarse fuera del pastel que supone el plan de infraestructuras puesto en marcha por el Gobierno mexicano hace dos años. La estimación presupuestaria para el nuevo Plan Nacional de Infraestructura y Transporte 2013-2018 supera los 460.000 millones de euros, una inversión con la que el Ejecutivo que preside Enrique Peña Nieto se ha comprometido a cumplir varios objetivos. El primero de ellos, para conseguir una red troncal de carreteras segura y en buen estado que conecte las regiones estratégicas y permita disminuir los costes de transporte.

En segundo lugar, pretende mejorar los costes de traslado e incidir en el transporte de pasajeros para elevar la calidad de vida de la población. Por otro lado, quiere contar con cuatro puertos de clase internacional y fortalecer la capacidad del sistema portuario para apoyar el crecimiento de los sectores económicos estratégicos del país. Finalmente, el presidente Peña Nieto se ha comprometido a desarrollar el hub más importante de carga y pasaje en Latinoamérica en el centro del país, para incrementar la competitividad. El proyecto del nuevo aeropuerto de Ciudad de México contará con una inversión de unos 8.000 millones de euros.

Son proyectos que, lógicamente, han despertado el interés de las constructoras españolas. Y ese fue el motivo por el que el pasado mes de septiembre, la ministra de Fomento, Ana Pastor, mantuvo un encuentro en la capital federal del paíz azteca con su homólogo de Transportes mexicano, Gerardo Ruiz.

En la visita, Pastor estuvo acompañada por los representantes de varias compañías españolas con presencia en México, como la propia OHL, ACS, Acciona, FCC, Isolux, CAF o Aldesa.