Empresas y finanzas

Hacienda intervendrá el gasto sanitario de las comunidades autónomas


    Juan Marqués

    El Gobierno renuncia a reformar el Sistema Nacional de Salud y, a cambio, propone un fondo de financiación alternativo a las comunidades autónomas que están ya acumulando impagos millonarios para sufragar la compra de medicamentos y productos sanitarios o para afrontar sus inversiones en tecnología sanitaria.

    Es la nueva propuesta realizada por el Ejecutivo que incluye importantes contrapartidas para las regiones y que se presentará a las comunidades autónomas para su próxima aprobación, después de que el Grupo Parlamentario Popular incluyese esta medida como enmienda a la reforma de la ley de financiación autonómica que se está tramitando en el Congreso.

    El nuevo fondo sanitario que creará el Ministerio de Hacienda tendrá vigencia en principio solo en 2015, salvo que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decida prorrogar ese plazo, y las comunidades autónomas que recurran a este instrumento asumirán un coste político, ya que deberán cumplir una serie de obligaciones que limitan en buena parte su capacidad de gestión.

    En el caso de que una comunidad se adhiera así a esta línea de crédito finalista de la sanidad que tendrá condiciones similares a las del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un interés próximo al 0 por ciento y a devolver a diez años, tendrá que cumplir unas reglas que, en la práctica, suponen una intervención del presupuesto sanitario que representa entre el 30 y el 40% de las cuentas regionales. El gasto farmacéutico y en productos sanitarios no podrá superar así por ley la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto (PIB) previsto para la economía española.

    Las comunidades autónomas se someterán, además, a un control mensual del gasto farmacéutico y sanitario y deberán remitir a Hacienda los datos sobre su gasto farmacéutico hospitalario, en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas y su gasto en productos sanitarios sin receta, así como los datos sobre su gasto en inversiones de alta tecnología, entre otras partidas sanitarias. Hasta ahora la única estadística mensual de gasto obligatoria para las regiones es la de recetas dispensadas en farmacia.

    A partir del próximo 30 de junio, el Gobierno quiere disponer también del gasto en medicamentos hospitalarios, entre otras partidas, y obligará a las comunidades a remitir estos datos con el objetivo de tener un mayor control y seguimiento de una partida sanitaria que presenta desfases anuales superiores al 7% entre lo presupuestado y gastado a final de ejercicio.

    En el caso de que una comunidad adherida a este nuevo fondo de financiación supere el límite previsto de gasto su gestión quedará muy condicionada, ya que no podrá aprobar ni prestar servicios sanitarios distintos a los incluidos en la cartera común de servicios del SNS. Su acceso al reparto de fondos también estará limitado y estará obligada a aplicar las medidas de mejora de la eficiencia sostenibilidad que el Gobierno publicará en el BOE.

    Entre las medidas de control del gasto avanzadas por Hacienda se incluye potenciar las compras centralizadas de medicamentos, mejorar los programas de seguimiento de pacientes polimedicados y crónicos, controlar la prescripción farmacéutica, extender la receta electrónica a todos los niveles asistenciales o liquidar los pagos atrasados. Son parte de las recetas elaboradas el pasado mes de julio por el departamento que dirige Cristóbal Montoro y que quiere ahora activar para frenar el previsible rebote del gasto sanitario después de tres años de recortes que han reducido este capítulo en más de 8.000 millones de euros.

    Recomendaciones europeas

    A falta de un nuevo sistema de financiación autonómico que cubra con suficiencia el gasto en salud, el Ejecutivo quiere presentar a Bruselas un mecanismo efectivo de control de las cuentas regionales, siguiendo el dictamen del Consejo Europeo sobre el Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno. El Consejo instó así a España en 2014 a revisar de forma sistemática el gasto en todos los niveles de la Administración y a "seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales".

    En el Informe sobre España 2015 de la Comisión Europea, Bruselas ahonda en esta vía y advierte además de que "el ritmo de ajuste presupuestario se ha moderado en 2014" y que el gasto farmacéutico "ha empezado a crecer de nuevo, y podría aumentar aún en mayor medida como consecuencia de la introducción de ciertos medicamentos innovadores". El Ejecutivo comunitario recomienda también un mayor control sobre el gasto no presupuestado en el ámbito autonómico y local, para evitar la acumulación de facturas pendientes del sector público.

    Y es que el problema de los impagos en el sector y de las facturas en el cajón persiste a pesar de los fondos extraordinarios habilitados por el Gobierno. La Cámara de Cuentas de Aragón ha destapado recientemente facturas sanitarias sin pagar por valor de 207,4 millones de euros en 2013, de las que 54 millones estaban sin registrar.

    En Cataluña se adeuda 340 millones a los boticarios en recetas correspondientes a noviembre, diciembre y enero. Es el resultado de presupuestar este año un 28,6% menos en farmacia de lo que gastó el Servicio Catalán de la Salud en 2014.