La Audiencia investigará a Blesa y a exconsejeros de Caja Madrid por las preferentes
La Audiencia Nacional investigará al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a seis exconsejeros de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, y a dos exdirectivos por la comercialización de participaciones preferentes. Blesa prestó 1.366 millones a Gallardón para el Ayuntamiento de Madrid.
Así, además de Blesa y Díaz Ferrán, ambos encarcelados en la prisión de Soto del Real, también investigará a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid en el año 2009 José Manuel Fernández Norniella, Gonzalo Martín Pascual, Rodolfo Benito, Jesús Pedroche y José María Arteta. Consulte el Auto de la Audiencia Nacional (.pdf)
Tres querellas admitidas
El juez Fernando Andreu amplía de esta forma la investigación sobre la cúpula de la caja ahora integrada en Bankia por el diseño y el lanzamiento de estas participaciones.
En concreto, son ya tres las querellas admitidas por el magistrado, tras aceptar una nueva denuncia presentada por un particular en la que se pide la imputación de Miguel Blesa por delitos de estafa.
La Audiencia también investiga a los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid Finance Preferred José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo y del que fuera director del Área de Cumplimiento Normativo de Caja Madrid, Manuel Fernández Navarro.
Además, están bajo sospecha los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
Acciones ilícitas
El magistrado se ha inclinado por admitir a trámite las querellas sobre este producto bancario presentadas ante su Juzgado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó que la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño.
"Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.
A pesar de compartir con Anticorrupción la pertinencia de que el presunto fraude sea investigado por la jurisdicción civil Andreu advierte que la eficacia de esta vía se limita "a la reparación indemnizatoria" y agrega: "No puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal".