El juez mete a Blesa en prisión por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida

El primer banquero que va a la cárcel de un centenar bajo investigación. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ordenó ayer su ingreso preventivo en la cárcel, eludible bajo fianza de 2,5 millones, por las supuestas irregularidades detectadas en la compra del City National Bank of Florida (CNBF), y tras hallar indicios de administración desleal, blanqueo de dinero y apropiación indebida.

Blesa salió esposado de los juzgados de Plaza de Castilla y fue conducido a Soto del Real por la Guardia Civil. El magistrado, que ordenó además la retirada del pasaporte del exbanquero, instruye la causa en la que investiga la concesión de un crédito fallido en 2008 por parte de Blesa a Gerardo Díaz Ferrán, consejero entonces de Caja Madrid y dueño de Marsans, por 26,6 millones de euros.

Para esclarecer la comisión de los presuntos delitos, el juez solicitará no sólo nuevos informes al Banco de España, sino también a Bankia, al Sepblac (el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), a la Agencia Tributaria y al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado.

La documentación aportada por estas instituciones ha sido decisiva para la investigación del anterior sumario abierto por el mismo juzgado sobre el crédito de Blesa al expresidente de Marsans.

En el auto, dictado el pasado lunes 13 de mayo, el juez se muestra ya contundente, asegura que hay "muchos indicios y evidencias de criminalidad que se desprenden de lo instruido en la presente causa", e insiste en la necesidad de "determinar el grado de conexidad que pudiese gravitar entre conductas como las descritas, bajo el iter criminal, modus operandi e imputados intervinientes" en la compra del banco. Después de que el pasado mes de diciembre el sindicato de funcionarios Manos Limpias presentara una ampliación de la denuncia para que se investigara también la compra de la entidad norteamericana, el magistrado emitió el pasado lunes un auto por el que ordenaba la apertura de una nueva causa y citaba de urgencia a Blesa como imputado para que declarara ayer mismo. Manos Limpias pidió una fianza de 3 millones, mientras que la Fiscalía se opuso en todo momento al ingreso en prisión.

Indicios y evidencias

En el auto, el juez califica de "pésima" y "aberrante" la gestión del exbanquero en la política crediticia de Caja Madrid. Y aunque sostiene que "obviamente no se desprenden evidencias e indicios tan prolijamente" en la compra de la firma norteamericana como en la de la concesión del crédito a Marsans, "el Banco de España sí que ha visto conexidad" entre los dos hechos, en un informe que le ha remitido recientemente, fechado el pasado 19 de abril.

De esta forma, el supervisor apuntaba a que la adquisición del City Bank of Florida se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control de la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.

La OCC (Office of the Comptroller of the Currency), departamento independiente del Tesoro de Estados Unidos, ha realizado asimismo una inspección en la entidad, reseñando "déficits muy relevantes en la supervisión del equipo directivo de cara a la debilidad económica general, sin que esté implantada estrategia viable de negocio". Según la OCC, existe un "alto y creciente riesgo estratégico" y hay "una nula capacidad de reacción".

Ante tales evidencias, la Inspección del Banco de España ha determinado que el ritmo de crecimiento propuesto en su día por Caja Madrid para los ejercicios 2009 a 2014 "está seriamente desorientado, e ignora manifiestamente la atonía económica imperante". Aplicando los criterios del Banco de España, el deterioro del fondo de comercio del CNBF equivale, prácticamente, a su valor (581 millones de dólares), frente a su valor en libros (1.121 millones de dólares) y frente a lo abonado por Caja Madrid (1.117 millones). "Ello implica pérdidas de más de 500.000 euros, suma que podría haberse incrementado al día de hoy", se asegura en el auto.

Una operativa sospechosa

La caja madrileña, aún con Blesa en su presidencia, anunció en 2008 la compra del 83 por ciento del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros en aquel momento) y posteriormente se hizo con el 100 por ciento de la firma aportando otros 190 millones de dólares más (unos 127 millones de euros).

El juez asegura, en cuanto a que pudiera concurrir un posible delito de administración desleal en esta operación, que "los indicios engarzan, poderosamente, con extremos tales como la ausencia de una análisis mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible, el estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un sobreprecio, y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos preceptivos". Uno de los aspectos que llamó la atención del magistrado fue una operación de put and call (venta más opción de compra) de títulos, que generó importantes pérdidas.

Para el juez está claro que "el nivel de ignorancia deliberada" a la hora de llevar a cabo la operación es indicador, al menos, de "un dolo directo, cuando se trata de gestiones abordadas por quienes, de sobra, gozan de experiencia en materia bancaria".

Es decir, que "no puede basarse el error en la mera ignorancia, sino en el incumplimiento de protocolos de eminente relevancia a la hora de aquilatar el riesgo asumible normalmente en el desenvolvimiento del negocio bancario". El pasado mes de noviembre, durante una comparecencia en el Congreso, Blesa defendió en cambio en la Comisión de Economía del Congreso la operación, asegurando que se enmarcaba en una estrategia de "impulso" a la banca de negocios de la caja, así como de diversificación de sus fuentes de ingresos, "tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como a su localización geográfica". Según dijo, desde que Caja Madrid abriera su oficina de Miami, había constatado "la fuerte y creciente presencia de empresas españolas en Latinoamérica" y eso, "junto con los beneficios obtenidos desde el primer ejercicio, sirvió de confirmación de las predicciones".

Tres niveles de alarmas

El magistrado considera en su auto que Caja Madrid debería haber tomado una serie de alertas, que se realizan en el "normal desenvolvimiento" de su actuación por las entidades financieras, en general.

Detalla el juez Silva tres niveles distintos que demuestran que las entidades actúan diligentemente, algo que no fue el caso de Caja Madrid. Así, en un primer nivel atencional, la entidad debe desarrollar protocolos y prevenciones eminentes de cara a evitar riesgos fácilmente previsibles.

"En este nivel atencional no se detecta aún claramente una conducta necesariamente proactiva, cuyo revés e incumplimiento sea el signo, índice o aproximación a la esfera penal", dice el juez. Así, mientras que el 15 de septiembre de 2008 el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota, el 7 de noviembre de ese mismo año Caja Madrid ejecutaba la adquisición del CNBF por 927 millones de dólares. "Es el campo de los negocios, donde se pierde y se gana, donde si algo sale mal, desde luego, por sí sólo, no supone la concurrencia de indicios de criminalidad", asegura el auto.

En un segundo nivel (nivel intencional), los protocolos a cumplir son necesarios e imprescindibles, de tal modo que la praxis en este ámbito, caso de no seguirse, "sí nos pone en la pista de conductas que posiblemente tengan carácter o alcance penal".

En el caso de la adquisición de CNBF se trata de que se haya podido adquirir la entidad en manifiesto sobreprecio; o, "inexplicablemente, con plena carencia de estudios estratégicos o de viabilidad previos; o ante la cognición (algo más que una sospecha) de que la aventura inversora fracasaría".

Finalmente, el tercer nivel (nivel ejecutivo), supone el uso de protocolos que exigen la proactividad máxima por parte de la entidad, en el sentido de que es obligado tomar medidas ante determinadas situaciones, de modo que, si no se adoptan, la esfera penal comienza a trascender manifiestamente en la calificación de la conducta. Y es en este punto donde el juez pide documentación al Banco de España y demás organismos de prevención de delitos.