Globalia asegura que no se beneficia con la caída de Orizonia y culpa a Competencia
El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha asegurado hoy que su grupo turístico no es beneficiario de la caída de Orizonia, actualmente en preconcurso de acreedores, sino que son "unos perjudicados más", y ha asegurado que ha cumplido con todos sus compromisos con creces.
"Es cierto que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pasó el proceso a la segunda fase, aunque sin garantías de que al cabo de dos meses o más la operación fuera a ser aprobada. Comprenderéis que en estas condiciones no puedo poner en riesgo a nuestra empresa", ha subrayado el presidente de Globalia.
Ha recordado, asimismo, que la quita de los bancos ingleses "estaba también supeditada a la aprobación de la CNC".
Desde Orizonia, en cambio, insisten en asegurar que Globalia ha faltado a su palabra de no dejarles caer y "debe asumir su responsabilidad en la quiebra del grupo". En este sentido, está estudiando la posibilidad de demandar a la compañía que preside Juan José Hidalgo por haber "incumplido el acuerdo" de compra.
Desembolso de 21 millones
El directivo ha señalado que hasta la fecha Globalia ha pagado a Orizonia unos 21 millones de euros aproximadamente, a cambio, entre otros conceptos, de la adquisición de la gestión de la división hotelera del grupo Orizonia, Luabay, además de haber asumido 700 trabajadores.
"En todo momento hemos estado en contacto con las autoridades y quiero agradecer al Gobierno que haya hecho todo lo posible para que la operación saliera", ha añadido Hidalgo, cuyo grupo además se encuentra entre los acreedores de Orizonia.
Para Hidalgo, su grupo "ha sido transparente en todo momento ante los dueños de Orizonia, ante la opinión pública y ante las autoridades".
Por su parte, el director del departamento jurídico de Globalia, Ramiro Campos, ha considerado que "el principal culpable de la situación de Orizonia" es la Ley de Defensa de la Competencia", que "no prevé soluciones viables a situaciones como la presente".
Una situación, ha explicado, "en que una de las partes se encuentra en una situación de preinsolvencia y necesita una tramitación de urgencia y medidas extraordinarias que eviten que una sociedad en dificultades y con un comprador acabe presentando la solicitud de concurso de acreedores".